Patrimonio contradice a Siero en la ruina del palacio de Celles

Pasan los años y aumenta su deterioro, pero el futuro del palacio de la Torre de Celles continúa sin concretarse. La propiedad del inmueble -declarado Bien de Interés Cultural-, solicitó en noviembre de 2013 la declaración de ruina, un expediente que el Ayuntamiento de Siero aún no ha resuelto porque estaba pendiente de un informe del servicio de Patrimonio Cultural del Principado, que ha sido remitido esta semana al Consistorio y que señala que el inmueble no se encuentra en situación de ruina, lo que contradice a los informes municipales elaborados hasta la fecha.

Las diferencias radican en tres aspectos: por un lado, las valoraciones de los diferentes elementos del inmueble y su grado de afección, computadas de forma distinta por los técnicos y por otro, que Patrimonio solo establece como válidos los datos correspondientes al estado del edificio en noviembre de 2013. «La falta de conservación por parte de los propietarios posterior a la incoación del expediente de ruina no puede ser valorada a favor de quienes la instan», recoge el documento.

La tercera discrepancia radica en que Patrimonio se basa en el reglamento de desarrollo de la Ley de Patrimonio Cultural aprobado en 2015, que diferencia entre ruina técnica y ruina física irrecuperable, un criterio mucho más restrictivo que las directrices del Plan General de Ordenación Urbana de Siero seguidas por los técnicos municipales.

Así las cosas, al considerar que no cabe la declaración de ruina, Patrimonio requiere a la propiedad para que en el plazo de dos meses presente un proyecto de mínima conservación del edificio y advierte de que procederá a una ejecución subsidiaria en caso de incumplimiento.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, Noelia Macías, señaló ayer que «nuestra obligación se ciñe a dar traslado del informe a la propiedad y concederle un plazo de alegaciones» y matizó que hasta que no se complete ese trámite «no podemos hacer más». Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo dejó claro en noviembre del pasado año que no se podían exigir labores de rehabilitación a la propiedad sin antes dar respuesta a la solicitud de ruina.