Suspendido el juicio contra los tres acusados de administración desleal de la empresa Joama, en Noreña

Los trece socios afectados por el cierre de Joama S. L., que llevan litigando desde hace ocho años contra tres administradores por haber «vaciado» la sociedad, tendrán que esperar, como mínimo, hasta mayo del año que viene para resolver su situación. La vista oral, programada para las diez de la mañana de este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, se ha suspendido después de que un documento «muy voluminoso», procedente de la Agencia Tributaria, llegase al Tribunal minutos antes del inicio del juicio. Fue entonces cuando el abogado de la defensa, Orlando Concheso, solicitó un aplazamiento del mismo en aras de «poder estudiar la documentación».

Hasta los Juzgados de la capital asturiana se desplazaron siete de los trece socios, afectados por la presunta administración desleal de los acusados. Minutos antes de la vista, una de ellas, Mónica Fernández, confesó sentirse «aliviada» por el inicio del proceso después de quedarse «en la calle y perderlo todo» hace casi una década. Nunca pudo imaginar que la fecha de la vista volvería a retrasarse y lo dejó muy claro después de conocer el aplazamiento: «Es una vergüenza que en todo el tiempo que llevamos no se haya podido reunir toda la documentación; parece que no entienden que nosotros lo perdimos todo y que nos quedamos, únicamente, con lo que paga el fondo de garantía salarial».

Durante el turno de cuestiones previas que llevaron a la suspensión de la vista, el letrado de los trece socios, Julián Lausín, aseguró no entender el motivo por el que la Agencia Tributaria remitió esta misma mañana «un documento que se había solicitado en febrero». «No puedo decir nada de lo que no tenga pruebas, pero esta situación no ocurre en otros países, donde hay más respeto a la Justicia; sería conveniente que se depurasen responsabilidades», sentenció. La vista, finalmente, quedó suspendida y el magistrado jefe advirtió a los allí presentes que la agenda de la Sección Tercera «está completa hasta mayo del año que viene», por lo que el inicio de la vista se retrasará, presumiblemente hasta esa fecha.

En su escrito, el Ministerio Fiscal concluye que los acusados, a los que unían vínculos de familia extensa, en ejecución de un plan preconcebido e ideado con la finalidad de llevar a cabo la descapitalización de la sociedad en perjuicio de los socios trabajadores y de acreedores, y en beneficio personal a través del «trasvase» a nuevas empresas «familiares» controladas, directa o indirectamente, por los mismos, llevaron a cabo diferentes acciones.

Para uno de los acusados, la acusación pública pide seis años de prisión por los delitos societario y de administración desleal. A los otros dos les reclama tres años de cárcel para cada uno como cooperadores necesarios del delito societario.

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