«Es el precio que hay que pagar cuando un alcalde intentar cumplir con su obligación»

García añadió que su situación «es un ejemplo de por qué muchos alcaldes o compañeros no hacen, en muchas ocasiones, lo que la sociedad nos demanda para no tener que pasar por estos malos tragos». Y lamentó que «quien defiende el interés general es el que tiene que sufrir las consecuencias, en lugar de los que no están cumpliendo con sus obligaciones».

No obstante, aseguró que tiene «plena confianza en la Justicia» y que está «totalmente convencido de que va a salir bien». Y lanzó una advertencia: «Voy a seguir actuando igual y luchando cada día por aquello por lo que creo, por los ciudadanos y asumiendo mis obligaciones y responsabilidad, que para eso me han elegido. Y el día que lo haga mal, me dedicaré a otra cosa».

El Sipla presentó en diciembre de 2019 una denuncia contra el alcalde por presuntos delitos de «obstrucción a la justicia, prevaricación, acoso laboral, amenazas y coacciones» por unos presuntos hechos ocurridos el 1 de noviembre de aquel año en la comisaría de la Policía Local en presencia de varios agentes, y por otra reunión, cuatro días después, en su despacho con el subinspector Félix Campiña, donde denuncian que le «forzó» a declarar en contra de su exjefe (José Enrique Fernández) y de otro mando intermedio. Dos días después, Fernández presentaba su dimisión, tras detectarse unas irregularidades en el Cuerpo. Aquella conversación fue grabada por el propio Campiña y adjuntada a la causa.

La querella fue archivada poco después por el mismo juzgado, pero la Audiencia Provincial dejó sin efecto en noviembre de 2020 ese archivo y ordenó a la magistrada «que practicara las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados».

«Una lucha laboral-sindical»

El abogado del alcalde, Luis Tuero, enmarcó ayer los hechos en una «lucha laboral-sindical» y aseguró que su defendido se limitó «como jefe de la Policía Local, a realizar una reordenación que era necesaria y pedida por la ciudadanía» y que el tiempo ha demostrado «fructífera». Añadió que «eso ya está dicho, incluso por el fiscal, y los aspectos penales no nos preocupan». El letrado restó importancia a la citada grabación: «Al margen de que esté bien hecha o mal, no es prueba de ningún hecho ilícito; es una conversación entre dos señores».

El abogado de la acusación, Guillermo Calvo, comentó que el alcalde «haciendo uso de sus derechos, puede decir lo que quiera, pero los hechos están acreditados y existen varias pruebas testificales en la misma dirección». Y rechazó supeditarlo a un mero conflicto laboral: «Son hechos que la Audiencia Provincial entendió que tenían apariencia de delito y que se están investigando como tales». Respecto a la grabación, dijo que tiene «toda la validez del mundo y la aporta uno de los interlocutores».