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José Cezón
Sábado, 24 de diciembre 2016, 00:30
Unos sesenta trabajadores del Ayuntamiento de Siero se concentraron ayer durante media hora frente a la Casa Consistorial para protestar por la paralización del fondo social, las amortizaciones de plazas y la política laboral del equipo de gobierno en general, al que acusan de «ningunear a los sindicatos de manera despreciable». El último episodio de ese desencuentro ha sido la oferta pública de empleo en lo referente a las plazas de promoción interna, que afecta a cinco oficiales y un auxiliar.
Según denunciaron los cuatro sindicatos convocantes de la movilización -UGT, USO, CC OO y SIPLA-, el gobierno hizo caso omiso a las alegaciones que presentaron contra las bases de la convocatoria e incluso las publicó el pasado miércoles en la web municipal sin que ellos tuvieran conocimiento, ni respuesta alguna. Los sindicatos no están de acuerdo con que el temario de los aspirantes a promocionar incluya contenidos que ya tuvieron que superar al obtener la plaza de procedencia y exigen que se retiren, como ya se hizo con cuatro temas de Derecho. «Las bases son impugnables, porque vulneran el convenio colectivo y la Ley 30/84 referente a la promoción interna», aseguró ayer el delegado sindical de la UGT, Alberto Rozas.
Para Rozas, al gobierno socialista «no le interesa facilitar la promoción interna, que la ven como un estorbo para los demás, y las están complicando más que las plazas libres». Y recomendó que siguieran el ejemplo de ayuntamientos como Oviedo.
Acudir al Juzgado
Rozas recordó que los sindicatos «tienen el derecho a estar informados de todo lo que afecta al personal y nos estamos enterando por la prensa o por la página web del Ayuntamiento». Y advirtió de que están dispuesto a acudir al Juzgado «cada vez que se vulneren los derechos sociales». Para Rozas, en el Consistorio existe «una mano negra contra los trabajadores, que ya diremos quién es, y los políticos están haciendo dejación de funciones». El único edil presente en la concentración fue el portavoz de Somos, Javier Pintado, quien declinó realizar declaraciones.
Otro motivo de protesta es la paralización del fondo social desde hace cuatro años. Los sindicatos aceptan que ese fondo social se destine a un plan de pensiones, pero existe una gran discrepancia en cuanto a la cuantía. Los trabajadores cifran el importe acumulado en 216.000 euros, mientras que el gobierno lo rebaja a solo 70.000 euros. Y también denuncian que se han amortizado 36 plazas desde el año 2007.
Si el gobierno desatiende las demandas sindicales, la idea es convocar una asamblea de trabajadores para decidir nuevas medidas de presión.
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