Siero paraliza el Plan Local de Empleo a la espera de los informes de la FACC

El Gobierno de Siero ha decidido paralizar de forma cautelar el nuevo Plan Local de Empleo 2015-16 siguiendo la recomendación que realizó la semana pasada la Federación Asturiana de Concejos (FACC). La concejala encargada de esos planes, la socialista Noelia Macías, explicó ayer que van a esperar a que los servicios jurídicos de la propia FACC encuentren algún tipo de solución legal al aluvión de reclamaciones judiciales que están protagonizando los beneficiarios del último plan en diferentes concejos asturianos.

Macías añadió que esa paralización temporal no significa una renuncia a impulsar un nuevo plan de empleo en el concejo, que prevé unas 31 contrataciones de un año de duración. «El plan se va a convocar, pero queremos hacerlo con la mayor seguridad jurídica posible», afirmó. La concejala ha informado ya de esta decisión coyuntural a los representantes sindicales -que entendieron la postura municipal, según comentó- y también lo comunicará a los grupos políticos.

Esta paralización temporal afecta al plan de empleo propiamente dicho, pero no atañe a las otras dos líneas de ayudas autonómicas para subvencionar los costes salariales de los tres técnicos de empleo y desarrollo local o a los seis contratos en prácticas de técnicos de gestión administrativa, para los que está constituida ya la comisión de seguimiento y se va a nombrar en breve el tribunal calificador.

En relación con estas seis contrataciones, la concejala desmintió ayer a este diario un rumor que circulaba por el municipio relativo a que estos trabajadores en prácticas iban a desarrollar tareas de secretaría de los seis concejales socialistas del gobierno.

En cuanto a la postura del Ayuntamiento de Siero en relación con las reclamaciones que presentaron 28 de los 31 trabajadores del último Plan Local de Empleo, el Gobierno espera pronunciarse a lo largo de la presente semana, pero se descarta la readmisión de estos trabajadores como indefinidos no fijos. Las alternativas son llegar a acuerdos extrajudiciales con aquellos beneficiarios que los servicios jurídicos municipales consideren que tienen derecho a una reclamación, o bien dejar que sean los tribunales quienes decidan. Según las primeras estimaciones, el montante de las indemnizaciones exigidas y de la equiparación salarial que reclaman podría sumar los 500.000 euros.