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José Cezón
Sábado, 22 de agosto 2015, 00:55
El área deportiva pública de Les Folgueres se ha convertido en un nuevo ejemplo de despilfarro económico y abandono en el concejo de Siero. Las instalaciones que iban a albergar un centro de educación vial y el edificio anexo -que tuvieron un coste de casi 1,5 millones de euros- han sido objeto de actos vandálicos y el equipamiento de la nave desvalijado sin que tan siquiera llegara a inaugurarse.
Esta actuación se enmarcó como contraprestación a la declaración de utilidad pública e interés social (DUPIS) del proyecto del centro comercial Parque Principado. La Comisión Urbanística de Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) obligó a la promotora a habilitar una zona verde y deportiva en unos terrenos situados al norte del hipermercado. Con posterioridad, la empresa solicitó cambiar el suelo y se permitió modificar la DUPIS para realizar una ampliación del proyecto hacia el norte y el sur.
La CUOTA aceptó la petición a cambio de que la empresa construyera un parque metropolitano fluvial de 110.000 metros cuadrados, que se convertiría en una prolongación del proyecto del parque del Naranco. La promotora del centro comercial disponía de 65.000 metros cuadrados en propiedad, por lo que se tuvieron que expropiar el resto de terrenos a particulares hasta completar la superficie solicitada.
El proyecto contemplaba tres actuaciones: un área deportiva pública, que incluía el citado centro de educación vial; un área verde pública y un área deportiva privada, aunque tan solo se llegaron a ejecutar las dos primeras.
La promotora de Parque Principado decidió en un momento dado recurrir a un tercero, la empresa Excarpri, a la que se subrogaron todas sus obligaciones -salvo los trámites expropiatorios, que correspondían al Ayuntamiento de Siero- y la operación se garantizó con unos avales. Excarpri presentó el proyecto e inició las obras, pero la empresa entró después en un concurso de acreedores.
Fue entonces cuando se instó al Ayuntamiento de Siero a recepcionar las obras ejecutadas, que no fueron aceptadas porque presentaban una serie de deficiencias. Desde la Administración local se argumentó también que esos terrenos no eran suyos, por lo que exigían primero una cesión, que no fue aceptada por los administradores concursales.
Esos administradores presentaron un incidente ante un Juzgado de lo Mercantil para obligar al Ayuntamiento a recepcionar los terrenos y devolver los avales, pero la petición fue desestimada por el juez. Hubo otros dos recursos ante la Audiencia Provincial y ante el Tribunal Supremo, pero ambos fueron rechazados también.
En medio de ese complejo y dilatado proceso judicial, las instalaciones quedaron desatendidas por completo y sin las mínimas medidas de seguridad, por lo que fueron pasto de actos vándalicos. La nave, que ya estaba terminada y equipada, ha sido arrasada e incluso quemada, con daños a los sanitarios, las paredes, el cableado eléctrico o las ventanas arrancadas. Y en la superficie exterior del centro de educación vial ha crecido la vegetación y es un punto habitual de carreras ilegales, según aseguraron fuentes consultadas por este diario.
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