El contrato de ayuda a domicilio causa otro enfrentamiento político en Siero

La renovación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Siero ha vuelto a abrir otra brecha entre el Gobierno de Foro y los grupos de la oposición, debido a las discrepancias existentes respecto a la titulación que debe poseer el coordinador del servicio. Los pliegos se presentaron a principios de octubre en la comisión informativa de Bienestar Social, y después de seis sesiones, aún no se ha alcanzado un acuerdo. El expediente vuelve hoy a comisión.

Todos los grupos de la oposición coinciden en defender que el coordinador del SAD debe ser un titulado superior en el ámbito socio-sanitario (Medicina, Enfermería o Trabajo Social) y que disponga de experiencia acreditada de, al menos, dos años en tareas de este tipo. También solicitaron que no se recurra a personal con contratos en prácticas.

Por su parte, la propuesta del concejal de Bienestar Social de Siero, Valeriano Rodríguez, es que el coordinador del SAD acredite el título de graduado escolar o certificado de estudios primarios y una experiencia de, al menos, dos años en esas funciones. Y para los auxiliares, propone la misma titulación, así como haber realizado cursos formativos homologados. Y «con el fin de evitar rescisiones de contratos de gente con experiencia, pero sin titulación», apostilla en su propuesta que se acepte personal con experiencia de, al menos, dos años. El edil apela a la ordenanza del Principado, «que no dice que se necesite esa titulación superior».

Rodríguez comentó ayer que la propuesta de la oposición le había planteado «serias dudas sobre si era conforme a derecho», por lo que decidió solicitar un informe a los servicios jurídicos de Contratación. La respuesta fue que la exigencia de una titulación concreta «debe quedar debidamente acreditada y cumplir los principios de «concurrencia, igualdad y proporcionalidad», subrayó el concejal.

Tras presentar en comisión ese informe de Contratación, la oposición mantuvo su postura inicial, por lo que se acordó solicitar otro informe a la coordinadora municipal de Servicios Sociales, quien manifestó que no era necesaria esa titulación superior. Ese pronunciamiento pasó por la última comisión, con un nuevo rechazo de la oposición, que reclamó otro informe de la coordinadora, que será el que se exponga hoy, pero que ratifica el anterior.

«El informe no aclara absolutamente nada», manifestó ayer el representante de IU, José María Viesca, en relación al primer escrito de la coordinadora. «Pedir solo el graduado escolar para desarrollar esa labor sería prestar una mala calidad del servicio, aparte de que los pliegos exigen acreditar un título superior», aseguró.

En el mismo sentido se pronunciaron ayer la concejala del PP, Pilar Domínguez, y la socialista Mari Luz Quince. Esta última defendió la contratación de un titulado en temas sociales «por el bien de los usuarios y porque podría servir de ayuda a la técnico del Ayuntamiento». Y mencionó también que los pliegos hablan de un titulado superior. «Siempre tendríamos que ir a mejor en cuanto a la cualificación y esos informes van a menos», dijo.

El concejal de Bienestar Social aseguró ayer que era «la primera vez que unos pliegos técnicos van a comisión, sin obligación legal». Y ante la sesión prevista para hoy, donde se augura un nuevo desacuerdo, Rodríguez manifestó que la comisión «no es vinculante» y que el Gobierno está facultado para tramitar el contrato, que finaliza el 13 de febrero.

Y volvió a mencionar la encuesta impulsada por el Gobierno entre los usuarios para valorar la calidad del servicio, que arrojó con un 88% de satisfacción, y que tan solo se recibió «una queja por escrito en los últimos dos años».