Nava estudia exigir por ley la retirada de las placas falangistas de la iglesia

El Ayuntamiento de Nava sigue a la espera de que el Arzobispado de Oviedo haga efectiva su petición oficial para que retire las dos placas falangistas situadas en la fachada lateral de la iglesia parroquial de la villa. En caso de que se desatienda esta demanda del Pleno municipal, el Gobierno está dispuesto a obligar a eliminar esos símbolos acogiéndose a la Ley de Memoria Histórica. «Vamos a esperar un tiempo prudencial y si el Arzobispado no retira las placas, volveremos a llevarlo al Pleno para exigírselo de otra manera», comentó ayer el alcalde de Nava, el asturianista Emilio Ballesteros.

La moción para retirar esas placas fue presentada en enero pasado por el portavoz de Asturianistes por Nava (APN), Nisén Díaz, y recibió el respaldo del Partido Popular y del Partido Socialista. Tras el acuerdo plenario, se contactó con la parroquia y con el Arzobispado para instarles a que retiraran las dos placas, aunque respetando la cruz central y la corona laureada como símbolos religiosos.

Sin embargo, la reacción del Arzobispado causó cierta sorpresa y contrariedad en el Gobierno local, ya que resultó un tanto esquiva. Según fuentes municipales, la respuesta consistió en pedirles aclaraciones de qué era exactamente lo que querían que se retirara de la fachada. Lo que hizo el Ejecutivo de Emilio Ballesteros fue remitirles el acuerdo plenario. Desde entonces, no han tenido más noticias de la Iglesia.

Esas polémicas placas fueron costeadas en el año 1947 por el propio Ayuntamiento de Nava, siendo alcalde Senén Menéndez Llerandi, y a propuesta de la Jefatura Local de la Falange, quien había solicitado a la Corporación una aportación económica municipal para erigir un monumento a los caídos en la fachada de la iglesia, coincidiendo con la inauguración del templo. El Ayuntamiento contribuyó con 4.100 pesetas y para ello habilitó un crédito.

Artículo 15 de la ley

En su moción, Nisén Díaz consideraba, por tanto, que sobre el Ayuntamiento de Nava recaía la responsabilidad de retirar esos símbolos, «ya que desde el mismo salió su colocación». Al mismo tiempo, apelaba también a la Ley de Memoria Histórica -aprobada por el anterior Gobierno socialista de Juan Luis Rodríguez Zapatero-, cuyo primer punto del artículo 15 subraya que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, «tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura».

El portavoz socialista, Jairo Palacios, llegó a manifestar que las placas deberían estar ya quitadas en cumplimiento de la citada ley y era partidario de retirar también la corona laureada. Y el portavoz del PP, José María Osoro, aclaraba que su partido no era «nostálgico de ningún régimen anterior» y apoyaba la decisión que adoptara la mayoría. Su única duda era a quién le correspondía la potestad para retirar las placas.