Servicios Sociales incrementará un 10% las cuantías de las ayudas a la dependencia

Si algo puso de manifiesto la pandemia fue la absoluta prioridad de los cuidados a los dependientes. Ahora, superado lo peor de la crisis sanitaria, el Principado recoge las enseñanzas aprendidas en estos últimos dos años y renueva su compromiso de trabajar por la equidad de los pacientes en el plano asistencial. Entre finales de mayo y principios de junio entrará en vigor una resolución de Servicios Sociales que aumentará en un 10% las actuales cuantías percibidas por las personas dependientes. Esta modificación con carácter retroactivo afectaría a los casi 3.000 asturianos que durante el presente año se han beneficiado de los servicios incluidos dentro de la cartera de dependencia.

En palabras de Paula Álvarez , directora general de Gestión de Derechos Sociales, uno de los objetivos de la consejería es unificar los costes que afrontan los usuarios de centros públicos y privados.

«Al igualar las partidas lo que conseguimos es tender redes para que aquellas personas que de repente se quedan sin su plaza dentro del servicio público puedan incorporarse en un centro privado sin ver mermada su capacidad económica», matizó Paula Álvarez.

La nueva resolución supone un paso al frente en el plan de choque de la dependencia y así lo dio a conocer ayer la representante de la consejería en una reunión con las asociaciones de centros de día de la región. Paula Álvarez fue clara y habló con las cifras en la mano. Hasta ahora, una persona de 75 años con un alto grado de dependencia medio y una pensión mileurista pagaba 774, 98 euros por acudir a un centro de día privado. Con la modificación, la cifra bajaría a los 647, 15 euros, es decir, un 12,78% menos. El porcentaje de deducción llegaría a un 28,73% en el caso de las residencias. Lo mismo ocurriría en otras casuísticas de dependencia y de nivel adquisitivo, aligerandose así los costes de las prestaciones privadas.

La respuesta de los centros de día fue positiva, al ver que se está avanzando «aunque sea lentamente» para reducir la brecha económico social de muchas familias. «Todavía nos queda tela por cortar, pero tenemos claro que la colaboración público privada es clave», añadió Paula Álvarez.

A falta de que se dé luz verde a la modificación de las cuantías, Servicios Sociales planteó la posibilidad de que sean los propioscentros de día y residencias quienes gestionen las solicitudes . «Es preferible que hagan de mediadores tanto para agilizar la tramitación como para que lleguen al cauce administrativo el mayor número de personas», apuntaló la directora general.