La sentencia del 'caso Renedo' llega 2.767 días después de la denuncia

Aquel 3 de febrero de 2010, cuando informó al Grupo de Delincuencia Económica de que alguien había abierto una cuenta usando su nombre, movía más de 600.000 euros y la Agencia Tributaria la estaba hostigando a ella por eso, Marta Renedo era una jefa de servicio con cierto predicamento. Los miembros del gabinete de Ana Rosa Migoya la llamaban con relativa asiduidad. Presidía la región Vicente Álvarez Areces, que tenía en José Luis Iglesias Riopedre a un amigo y consejero de Educación. La mayoría de los contratos para equipar colegios los tramitaba su número dos, María Jesús Otero, quien, como tantos responsables de lo público, acostumbraba a despacharlos con los líderes del sector, Igrafo y APSA. Los dueños de ambas mercantiles amueblaban sedes del PSOE y del PP, comían con alcaldes y funcionarios... Y mandaban decenas de jamones en Navidad para engrasar las relaciones.

Poco queda de aquello. La crisis y las sospechas resultaron mortales para las empresas. Renedo se desempeña ahora como abogada, llevando asuntos de clausuras suelo, defendiendo a alguno de los presos que conoció en la cárcel, haciendo caja para pagar lo que se le viene encima. José Luis Iglesias Riopedre tiene 77 años y diez meses, no regresó a disfrutar de la jubilación a Galicia porque ha de firmar dos veces al mes en el juzgado, sufre vahídos y le pide a la vida salud para demostrar su inocencia. En el juicio su abogado admitió que su mayor pecado fue cometer «una grave imprudencia» al pedir a los adjudicatarios de su consejería que dieran trabajo a su hijo. Se excedió, pero no cree haber delinquido. Ahora da por hecho que en primera instancia será condenado, confía en que por edad y salud no deba volver a prisión, y espera que los recursos que pondrá ante el Tribunal Supremo o Estrasburgo acaben limpiando su nombre.

Fiscales y jueces reconocen, en público y privado, que algo se ha hecho mal en este asunto. Al principio el caso desveló los errores que cometía la administración y que facilitaban el desvío de dinero público. El sistema judicial que se encargó de levantar ese velo ha quedado a su vez desnudo, evidenciando sus propias disfunciones. Hay una treintena de personas que estuvieron imputadas varios años, con serio perjuicio a su imagen pública, a pesar de que luego, a la hora de la verdad, no había elementos para sentarlos en el banquillo de los acusados.

Eso por no hablar de los siete años y medio que ha costado depurar el caso en primera instancia. Una justicia tan lenta es menos justa, como reconocía hace unas semanas María Esther Fernández, la fiscal superior del Principado: «Cuando se tarda tanto, la sentencia no contenta a nadie. Uno no puede tener el conflicto abierto tantos años, porque al final cuando lo solucionaste ya no le quitas la frustración a la sociedad, que ha visto que durante estos años no ha pasado nada. Tampoco lo arreglas con los imputados, que dicen, 'oye, yo la he hecho ahora, sancióname ahora, no dentro de diez años, cuando tengo otra vida, otro mundo, me he rehabilitado...'».

Fernández llegó a la región hace cuatro años y entonces «la instrucción se supone que estaba acabada». Que el proceso se haya ido dilatando desde entonces «es difícil de explicar». «No sé qué falló», admitía. Es un pesar compartido por la judicatura. «Una vez se cierre el caso, tendremos que reflexionar sobre esto porque objetivamente el tiempo ha sido demasiado y habría que poder evitarlo para futuras ocasiones», comentan fuentes próximas a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

De momento, las sucesivas prórrogas que se ha concedido la Audiencia insuflan ánimos a los procesados. «Si tuvieran claras las condenas, hace tiempo que habrían dictado sentencia», argumenta uno de ellos. Otros reconocen tener tantas ganas de pasar página que están dispuestos a no recurrir si la pena que se les impone entra dentro de lo que ya consideran digerible. La sentencia, que se conocerá mañana salvo sorpresa de última hora, marcará un hito, pero no será definitivo. Los abogados de la defensa ya están sopesando por dónde irán los recursos que pondrán ante el Tribunal Supremo. Una de las cartas que jugarán será precisamente la atenuante por dilaciones indebidas, un retraso achacable a la Justicia que permite rebajar las condenas.