El sector del juego apoya revisar la ley «si se planifica de forma coherente»

Porque la actual ley asturiana del juego -desarrollada en posteriores reglamentos- data del año 2014 y «en aquel momento no se preveía la explosión del sector de estos últimos años», constata Pérez. «La normativa regula perfectamente el juego, pero no establecía ninguna planificación», abunda el abogado del departamento jurídico del Grupo Carbajosa, propietario, entre otros negocios, del Casino de Asturias. «Que se plantee una nueva regulación nos parece razonable», reconoce Alejandro Landaluce, director general del Consejo Empresarial del Juego. Y lo refrenda, a nivel regional, Isaac Rodríguez: «Era una reivindicación que el sector venía planteando desde hace tiempo». Lo hacían a la vista del crecimiento que el negocio del juego y las apuestas estaba experimentando en otras comunidades y ante la posibilidad de que esa situación se reprodujera en el Principado. Al final, el aluvión de solicitudes recibidas en el primer trimestre de este año -47, cuando la media anual hasta ahora era de cinco- confirmó sus temores. También la advertencia del presidente de la Asociación de Ludópatas en Rehabilitación de Asturias (Larpa), Máximo Gutiérrez. «El problema es que llevábamos meses diciéndolo. Yo lo advertí en el consejo del juego y me dijeron que estaba creando una alarma infundada», recuerda ahora.

Lo que plantea el sector del juego es la necesidad de que el Gobierno regional lleva a cabo una planificación «lógica y coherente» en la que se adopten medidas «proporcionales y justificadas». Ellos proponen algunas. Por ejemplo, que se establezca una distancia obligatoria entre los locales -ahora mismo la norma asturiana solo fija que los locales de apuestas deben estar a más de cien metros de centros educativos a los que acudan menores- o que se fije un número máximo de salones de juego en función del volumen de población.

A Máximo Gutiérrez le preocupa ahora qué va a pasar con las 44 solicitudes -de las 47 presentadas este año- que cumplen los requisitos y, llegado el momento, podrían materializarse en otros tantos locales de juego. «Se les podría dar una licencia provisional con la obligación de renovarla dentro de unos años. De esa forma, si para entonces no cumplen las nuevas normas, no se les renovaría», propone. No obstante, el abogado del Grupo Carbajosa cree que esos 44 expedientes «quedarán en la mitad» porque en su inmensa mayoría son de operadores de fuera de Asturias que piden el informe sobre la existencia de impedimentos de orden público para dos o más posibles ubicaciones, pero al final se decantan por una de ellas.