La defensa de los condenados por el 'caso Renedo': «Estamos satisfechos»

Javier Díaz Dapena, abogado de Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín, ha asegurado estar «satisfecho» con la decisión de la Audiencia Provincial. «Estábamos confiados en lo que iba a suceder porque no existe riesgo de fuga. El letrado ha valorado la decisión del Principado de sumarse a la petición de la Fiscalía de libertad provisional. «Lo fácil hubiera sido apoyar la petición de prisión y en atención a la legalidad no lo han hecho».

La abogada de María Jesús Otero, Ana Muñiz, ha criticado la petición de la Audiencia de recabar todos los pasaportes y que se informe de cualquier cambio de domicilio. «En 7 años y medio han tenido tiempo para dar la vuelta al mundo andando dos veces. Todos los encausados han venido a firmar siempre puntualmente. Si la medida tiene que ser proporcional y otras medidas son suficientes, ¿de qué estamos hablando?».

La Audiencia Provincial falló el pasado 1 de septiembre el 'caso Renedo', el mayor escándalo de apropiación de fondos públicos que llega a juicio en la región. Un proceso que llegó a sumar 43 imputados y se cerró en primera instancia con ocho condenados a los que se sentenció a penas que suman 40 años y tres meses de prisión y multas que pasan de los 6,7 millones de euros.

La peor parte se la llevaron los cinco grandes protagonistas de esta historia. Por firmar contratos falsos, favorecer a empresarios amigos y beneficiarse de ello, al exconsejero José Luis Iglesias Riopedre le cayeron seis años de cárcel, a sus 77 de edad. Su 'número 2' María Jesús Otero se llevó la mayor pena, nueve años y medio por amañar concursos a cambio de sobornos. A la exjefa de servicio Marta Renedo se la castiga con nueve años de prisión por desviar fondos a una empresa de su propiedad y utilizar para ello las identidades de otras dos mujeres. Los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, dueños de las ya quebradas Igrafo y APSA, afrontan ahora seis años y medio de privación de libertad cada uno por la compra de favores.

Existen 35 personas que resultaron imputadas durante el proceso, sin que al final existieran indicios suficientes para el reproche penal. Los últimos en quedar absueltos fueron Paz Pendás, Isaac Ovies y José Villa, empleados del área de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo; el trabajador de la Universidad José Manuel Blanco; y el arquitecto del Ayuntamiento de Avilés, Braulio Iglesias.