El Principado revisará los planes de inserción de los perceptores del salario social

La ofensiva parlamentaria llegó tanto por parte de las fuerzas de la derecha, que interpretan de las palabras de Álvarez un reconocimiento al fracaso del sistema, como por parte de los grupos de la izquierda, que acusan a la consejera de criminalizar a los más vulnerables. La también portavoz del Gobierno defendió con énfasis el sistema del salario social asturiano, subrayó que el Principado ha puesto en marcha a lo largo de esta legislatura numerosas iniciativas para promover la inclusión social de las personas beneficiarias de esta renta mínima autonómica y realizó un balance «positivo» de este proceso. Concretamente, indicó que cerca de 3.000 personas están participando ya en alguno de los itinerarios de inserción puestos en marcha por el Gobierno regional en los últimos meses.

A partir de ahí, reconoció que debe avanzarse en el «fortalecimiento» del sistema y, en respuesta a las duras críticas que recibió por parte de IU, Álvarez advirtió de que sería una «irresponsabilidad» por su parte decir que no hay ningún problema y «mirar hacia otro lado». «Es injusto que el esfuerzo solidario que está haciendo la clase media, que también llega con apuros a fin de mes, no estuviera suficientemente cuidado por el Gobierno. Mirar hacia otro lado sería devaluar lo público», argumentó.

La consejera anunció por ello la puesta en marcha de un procedimiento para que quienes no hayan atendido la llamada telefónica del Sepepa o rechazaran participar en las medidas ofrecidas puedan ser citadas de forma presencial por los servicios sociales municipales, con el fin de analizar su situación y proponer alternativas. Unas llamadas que comenzarán, concretó, por aquellas personas que hayan accedido al salario social básico en el último año y sucesivos. De esta forma, el Principado contactará por una u otra vía con las 14.400 familias perceptoras del salario social básico para actualizar sus planes de inserción social y laboral.