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MARLA NIETO
GIJÓN.
Viernes, 22 de noviembre 2019, 05:03
Por segundo año, el salario social no agotará en 2019 la partida presupuestaria destinada a financiar dicha prestación. Así lo explicó ayer la consejera de Derechos Sociales del Principado. Los fondos recogidos en las cuentas para este ejercicio ascendían a 124 millones de euros, ... de los que se gastarán unos 121, detalló la consejera Melania Álvarez.
La demanda del ingreso mínimo de inserción que aporta el Principado a las personas sin recursos experimentó un notable incremento a partir de la crisis económica iniciada en 2008, aunque ya el año pasado se constató el incremento más bajo -del 4%- desde que en el año 2006 entrara en vigor la ley que regula el salario social básico. Ahora, se vuelve a reducir el número de solicitantes.
«La evolución de los últimos años confirma la tendencia a la reducción del gasto en el salario social, y eso es buena noticia», destacó Melania Álvarez, que también replicó a las críticas realizadas por la patronal de los constructores. Y es que el presidente de CAC-Asprocon, Joel García, dijo que «las políticas sociales, tras cumplir su función durante la época de crisis, se cronificaron y desestimulan el emprendimiento y el espíritu de lucha de muchos de sus perceptores». En el caso del salario social, García aseguró que «está mal gestionado y no estimula al perceptor para buscar empleo». Añadió que «muchas de esas personas buscan chollos e incrementan la economía sumergida, que hace la competencia desleal a las empresas que pagan impuestos».
La consejera lamentó que la patronal de la construcción «eche un poco más de fuego a la visión que se tiene de las inversiones sociales». Y emplazó a García a denunciar cualquier fraude; «quien no lo hace es cómplice de esa situación».
Respecto a las críticas por el aumento en más de cien millones de los gastos de personal del Principado para el próximo año -que los constructores consideran «no sostenible»- Melania Álvarez indicó que «esas cuantías deben ser asumidas por la Administración autonómica para cumplir las mejoras para los empleados públicos aprobadas por el Gobierno central y por la Junta General».
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