Roqueñí deja Cogersa encargando el seguro contra incendios que desató el escándalo

El consejo de administración es el último que tiene al frente a Nieves Roqueñí, quien vive su última semana como consejera de Transición Ecológica. El viernes el Consejo de Gobierno procederá a formalizar la propuesta para que pase a ser la nueva presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, y acordará que la directora general Belarmina Díaz la releve al frente de la consejería. De esta forma, antes de su salida, Roqueñí deja activado el contrato con el que Cogersa aspira a superar la crisis reputacional que sufrió tras conocerse que carecía de seguro de daños. «No ha sido fácil encontrar opciones de aseguramiento para una instalación que es muy compleja» avanzó días atrás la consejera en Tpa.

Una investigación de EL COMERCIO permitió verificar el pasado mes de octubre que el consorcio carecía de este tipo de pólizas, que entidades públicas de gestión de residuos de otras comunidades sí tenían suscrito y que según expertos en el sector la situación exponía a la entidad a sufrir riesgos patrimoniales. La consejera accedió entonces a dar una entrevista confirmando la situación, detallando cómo se había llegado a ella, y avanzando los pasos que daría para remediarla. Según aquel relato de hechos, en noviembre de 2019 Cogersa firmó con Mapfre el último seguro de daños, con una prima anual de 170.000 euros, y en 2022 los responsables económicos del consorcio decidieron que no compensaba interesar un nuevo contrato dado que el corredor que media con el sector avanzaba que las aseguradores exigían 700.000 euros anuales para mantener esa cobertura.

En octubre de 2022 tuvo lugar el incendio en la planta de inertización de residuos industriales, exigiendo los trabajos de reconstrucción un desembolso de 1,7 millones que Cogersa abona con sus ahorros, al carecer de seguro. La consejera aseguró haber sido informada de la situación en abril de 2024, cuando se incendió la 'plantona', la instalación más costosa construida por la entidad. En unos primeros meses adujo que la prioridad era activar la recuperación de la misma para, una vez encarrilada esa urgencia, ponerse a trabajar en un seguro multirriesgo o industrial, que cubra en adelante los daños por incendio.

Roqueñí encargó a la gerente, Paz Orviz, que asumiera la tarea de diálogo con los corredores de seguros y otras empresas de gestión de residuos al objeto de licitar el contrato que hoy llega al consejo de administración, con un presupuesto de salida superior al que se manejaba en 2022.

Lo cierto es que el sector viene endureciendo las condiciones de las primas al sector público y a empresas que requieren de estas coberturas para operar. Taxistas, empresas de alimentación o de los residuos se cuentan entre las que lamentan incrementos del 400% en los precios y requieren al Gobierno central que tome medidas.