R. MUÑIZ / A. MORIYÓN
OVIEDO.
Miércoles, 24 de febrero 2021, 01:47
Sigue la pelea por el intento del Gobierno central de incluir al lobo en un catálogo de especies protegidas. Ayer de nuevo la iniciativa fue cuestionada por las comunidades del noroeste, los ganaderos, pero también salió en su defensa un manifiesto firmado por más de ... 300 científicos y, tras semanas de chaparrón, dio su versión la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. En el Senado intentó congraciarse con los afectados, mostrando su «respeto, agradecimiento y afecto a unos ganaderos que no siempre encuentran el reconocimiento y la empatía entre quienes habitamos en entornos urbanos».
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La ministra centró su discurso en poner en cuestión el sistema actual, en el que las comunidades son libres de decidir si el lobo es una especie cinegética (caso de Galicia, Castilla y León y Cantabria) o por contra no y es la administración la encargada de fijar un cupo de animales a abatir para contener la expansión de las manadas (como ocurre en Asturias). «Cuando no hay un marco estatal hay diferentes condiciones y se pueden dar agravios comparativos», dijo. Actualmente aseguró que no hay criterios homogéneos «ni respecto al censo ni el número ni las condiciones de los ataques ni las indemnizaciones».
«Las cosas tal y como están no son buenas para nadie, y menos que nadie, para los ganaderos», aseveró. «Tiene poco sentido mirar a otro lado e ignorar las dificultades de los ciudadanos», argumentó. Ribera entiende que en los años 70 declarar al lobo como especie cinegética «fue un avance» respecto a la situación anterior, en la que se le consideraba una alimaña e instaba a acabar por cualquier método. Sin embargo ahora la caza «resulta ineficaz y el esfuerzo que hace España para compensar a los ganaderos es más escaso respecto al número de lobos que en Francia». El modelo al que mira es el galo, donde hay un sistema común «generando seguridad jurídica y evitando agravios entre ganaderos de distintos territorios».
Francia, tal y como recordó, utiliza para compensar los daños del lobo fondos de la Política Agraria Común (PAC), algo contra lo que cargó Juan José Sanz, senador del PP: «¿Cómo es posible que les diga que les va a compensar con lo que ya es suyo, con la PAC?». Opuestos a la protección, aseguró, están «el Colegio de Ingenieros de Montes, el de Agrónomos y el de Veterinarios, que advierte de problemas sanitarios que pueden derivarse».
En su respuesta Ribera se arropó con el manifiesto promovido por WWF entre investigadores que respaldan la protección del lobo. Entre las más de 300 firmas hay catorce de investigadores de la Universidad de Oviedo. La ministra reiteró que el nuevo estatus del cánido establecerá el derecho de todos los ganaderos a percibir indemnizaciones por pérdidas de ganado, algo que ya sucede en Asturias, pero no en otros territorios.
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Precisamente la posición del ministerio es que en el Principado es donde menos consecuencias tendrá la nueva situación, algo que no comparte el Gobierno regional. El consejero de Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, reconoció ayer que sigue viendo incompatibles los controles previstos en el plan de gestión asturiano y la inclusión del lobo ibérico en la lista de protección.
Lo dijo en respuesta a Ignacio Blanco, el portavoz de Vox, quien le solicitó que en tal caso inste «el cese inmediato del secretario de Estado de Medio Ambiente porque está mintiendo cuando dice que se puede mantener el plan en Asturias tal cual está».
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