Las 'reválidas' de Primaria, ESO y Bachillerato serán eliminadas y la Religión dejará de puntuar

«Esta evaluación carecerá de efectos académicos», se señala en el proyecto de orden, donde también se establece que tendrá carácter «muestral» y finalidad «diagnóstica». Se aplicará a alumnos que se encuentren cursando cuarto curso de la ESO, con independencia de sus calificaciones, al igual que ocurrió el pasado año.

También las administraciones educativas podrán elevar el número de centros participantes por encima de las necesidades «muestrales», o hacer la evaluación final con carácter censal. El ministerio señala asimismo que las pruebas se llevarán a cabo «preferiblemente» en el último trimestre lectivos de este curso.

No hay cambios tampoco en cuanto a la duración de las pruebas (cuatro días y cinco, para comunidades con lengua cooficial), que algunas preguntas puedan ser de tipo test y que las pruebas versen sobre Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera (en su caso, Lengua Cooficial y Literatura), Matemáticas y Geografía e Historia.

El proyecto prevé además que los alumnos no tengan la obligación de cursar una materia alternativa a la Religión, que ésta deje de ser «específica» en primero y segundo de Bachillerato y que la calificación que se obtenga en la asignatura no cuente para la nota media de acceso a la universidad, becas y otros similares. Además, se introduce la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos en un curso de Educación Primaria y en otro de la ESO, según el borrador.

En materia de conciertos, como ya anunció Celaá, se eliminan las referencias a «una demanda social» para acceder a la educación privada subvencionada y se reforzará el principio de no discriminación por género.

Así, desaparece la referencia a que la «educación diferenciada no se considera discriminación por género» y se priorizarán los conciertos con los centros que se rijan por el principio de la coeducación.

El ministerio quiere también «evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües» y se modificarán los criterios de baremación, reconociendo las situaciones de familias monoparentales, víctimas de violencia de género y de terrorismo, entre otros. Las polémicas 'revalidas' de evaluación de final de etapa de Primaria, ESO y Bachillerato, que actualmente están suspendidas, serán eliminadas, así como se volverá a la «Prueba de Acceso a la Universidad -selectividad- desvinculada y posterior a la obtención del título de Bachillerato».

El objetivo del ministerio es convertir las evaluaciones de sexto de Primaria y de cuarto de la ESO en «muestrales y plurianuales» para poder conocer el estado del sistema educativo, pero sus resultados, en ningún caso, podrán ser utilizados para valorar a los alumnos o para la calificación de los centros.

Propone también el departamento de Celaá una regulación de los currículos para potenciar una educación inclusiva y garantizar la equidad y la calidad, con lo que se quieren eliminar los itinerarios de cuarto de la ESO para que «cualquier opción en la educación obligatoria conduzca a idéntica titulación».

«Organizar y adoptar medidas educativas ordinarias previas a la repetición» es una de las propuestas para ayudar a los estudiantes que, en el caso de repetir, dispondrán de un plan individualizado de apoyo y se reforzará la «especial atención que requiere la escuela rural» para evitar el abandono escolar.

En relación con las competencias del Estado y las comunidades autónomas, se determina dejar en manos de éstas la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella.

Asimismo, el Estado se reserva el derecho a decidir sobre un 55 % y 65 % del contenido de las materias del currículo en todas las etapas educativas. La propuesta de Educación quiere también aumentar la autonomía de los centros, para lo que prevé reequilibrar las competencias del Consejo Escolar y de los directores de los centros públicos y concertados, así como mejorar el procedimiento de selección de los directores, aumentando la participación y el peso de la comunidad educativa en ellos.

La reforma urgente del sistema educativo no será fruto de un pacto de Estado. El mismo día en que se conoció el borrador con la quincena de cambios con los que la ministra de Educación aspira a liquidar los aspectos más polémicos de la LOMCE, tanto PP como Ciudadanos dejaron claro que el proyecto está muy alejado de sus aspiraciones, por lo que no va a contar con su respaldo.

El «máximo acuerdo» que la vicepresidenta Carmen Calvo, reclamó hoy para la reforma educativa parece que tendrá que conseguirlo con la vista puesta en los escaños de Unidos Podemos y de los partidos nacionalistas vascos y catalanes (PNV, ERC y PdeCAT).