El retraso judicial impide recuperar dinero de la corrupción y castiga a los absueltos

La Guardia Civil intervino, se interrogó a los trabajadores del Serida y la bola de nieve creció. Desde su constitución en 1999, el Serida aparecía en los diarios de sesiones de la Junta General unas seis veces al año. Las sospechas de corrupción lo dispararon a 19 preguntas, debates e interpelaciones anuales. Nunca se habló tanto del Serida, ni de aquella manera.

«Lo que empezó como una malversación de fondos públicos ha pasado ahora a blanqueo de capitales, una secuencia lógica porque cuando un alto cargo delinque primero, malversa fondos, y luego los blanquea», disparaba entonces desde el PP Luis Venta. «Yo quiero decir que la actuación del señor Osoro (...) yo no voy a decir que es de caradura, eso es de muy mala educación, pero sí le digo que es cara y dura», bombardeaba Juan Ramón Campo, desde Foro Asturias.

El Principado terminó acusando la presión; destituyó a Koldo Osoro, se presentó como acusación en sede judicial y se alineó con la Fiscalía. Es decir, acabó dando por buenos los indicios de malversación y pidiendo que se condenara al exgerente a cuatro años y medio de cárcel y quince de inhabilitación; para alguien nacido en 1955, el final de toda su carrera. En el banquillo se sentaron los supuestos compinches, cuatro hombres para los que se pedía de cuatro a tres años y medio de prisión. Nueve ciudadanos aparcaron sus vidas para ser el jurado popular;asistieron a 50 interrogatorios y analizaron «una auténtica macrocausa cuya instrucción incluyó miles de folios y soportes documentales (once tomos, más otros cinco de piezas documentales)». Lo recoge así la sentencia de la Audiencia Provincial, comunicada hace unos meses y que asume todas las tesis de la defensa. No hay pruebas de delito. Todos quedan absueltos y tanto la Fiscalía como el Principado, únicas acusaciones del proceso, decidieron dejarlo correr y no recurrir.

La decisión supone que la Justicia ha tardado siete años en poner fin al tema, un tiempo que le cuesta al contribuyente y a los absueltos. Osoro perdió el puesto y vio su reputación discutida por unos diputados que representan a la ciudadanía. La sentencia declara de oficio las costas, lo que priva a los absueltos del consuelo de que las acusaciones les ayuden a pagar las facturas de abogados y procuradores.

El 'caso Serida' abona el rastro de daños colaterales que la lentitud de la Justicia deja en su lucha contra la corrupción. En junio lo hizo la pieza del 'caso Musel' centrada en el programa cultural 'A ver la ballena'. Tras cinco años de instrucción, una nueva magistrada asumió el pleito y decretó su archivo porque «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito». Aliviaba a los cuatro imputados. El fiscal asumió la decisión y no la recurrió, pese a que un año antes, con esos indicios, había pedido abrir juicio contra los cuatro.

La nómina de directivos sobre los que, como Osoro, se posó la sospecha de la corrupción y terminaron absueltos, o apartados del proceso por falta de indicios es amplia. En ella está Juan Llaneza, el que fuera director de la Agencia de Consumo, cuatro años investigado. O la exconsejera Ana Rosa Migoya, que reconoció haber pasado «un calvario» personal y familiar por una imputación que luego le fue revocada.

El tiempo que tarda la Justicia en reconocer la inocencia de sus investigados les perjudica, y victimiza. Es uno de los precios que paga la sociedad por la lentitud de los procesos. El otro, cuando sí hay condena, es que al alargar los pleitos las opciones de recuperar los fondos se diluyen. Hace once años que se puso la denuncia del 'caso Renedo' y no hay sentencia que diga lo que hay que reponer al erario. La cifra depende de un proceso civil que sigue su curso, y de una investigación aún abierta sobre las facturas de la Consejería de Educación de 2009 y 2010. El tiempo que ha pasado no ha sido suficiente.