Las residencias del ERA concentran el 54,1% de agresiones a trabajadores públicos

Del total de agresiones detectadas por Riesgos Laborales, 179, el 54,1% tienen como víctimas a miembros de la plantilla de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el organismo autónomo dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del que depende la gestión de la oferta geriátrica pública y concertada del Principado.

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El siguiente punto caliente en la atención pública aparece en los centros de atención a la discapacidad, con 40 agresiones el año pasado. Le siguen los 37 casos detectados en centros educativos; cuatro, en centros de menores, y uno en el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

Según se recoge en la memoria, «en cuanto a las situaciones de violencia externa que se han tramitado, se pueden distinguir aquellas en las que se han sufrido lesiones físicas, las cuales se computan como investigación de accidentes (IA), de aquellas otras en las que no se han sufrido lesiones, que se recogen como casos de violencia externa (VE)». En esa línea, hubo 60 agresiones con lesiones físicas, frente a dos casos en los que no constan.

Sobre las 97 agresiones detectadas en el ERA, la cifra supone un incremento del 94% en solo un año. Ya que, como explica Belén Or diz, portavoz de CSIF en el comité de empresa del ERA, «aunque no hay cifras oficiales, en 2021, en plena pandemia, hubo 50 casos».

Muchos más de los apenas cinco que constan en años anteriores. «Esto ha ido a más. Antes no había tantos casos y, la verdad, tampoco se denunciaban. Muchos quedaban recogidos en el libro de incidencias del día, pero no se daba el paso más allá», explicó Geni Tamargo, portavoz de CC OO en el mismo comité del ERA.

Según le consta al órgano sindical, en lo que va de año «se han multiplicado los casos», porque, apuntan los trabajadores, «el perfil de usuario ha cambiado mucho. Antes, la mayoría de los residentes eran personas con alguna demencia, como el alzhéimer, pero ahora hay personas jóvenes, que llegan con serios problemas psíquicos», explicó la presidenta del comité, Beatriz Fernández, de CSI. De hecho, los profesionales que atienden a mayores y personas con discapacidad suman el 76,5% de las agresiones detectadas hace un año.

El informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que depende de la Dirección General de Función Pública, también hace la fotofija de la categoría profesional más afectada: la de auxiliar de enfermería. Acumulan ellas 93 del total de agresiones. Le siguen las auxiliares educadoras (39) y el maestros (33). El resto de las categorías profesionales sufridas por funcionarios públicos son las de educadores (6), enfermería (5), profesorado (2) y operadora (1).