Residencias y centros de día deben gastar 10,7 millones en aumentar sus plantillas

El denominado como 'nuevo modelo residencial' supondrá «un nicho importante de generación de empleo», destaca Álvarez. En Asturias este sector genera un volumen de contratos «cercano al de la construcción», una relevancia que demanda «una nueva mirada social y del propio sector», apela. Según el último balance de Fedea, en Asturias cerca del 4% de los cotizantes tienen un empleo ligado a la atención a la dependencia, lo que supone la tercera mayor proporción del país y está aún así llamada a seguir creciendo.

«El acuerdo es una pequeña parte del análisis que se nos viene encima en cuanto a reorganización del presupuesto y efectivos. Vamos a tener que atender a muchas personas, y para eso hacen falta muchas personas», razona la consejera. «Más del 75% de los asturianos quieren envejecer en casa y a eso tenemos que dar respuesta con más centros de día y ayuda a domicilio», dice.

El 'Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia' alcanzado a nivel nacional se configura así como el siguiente escalón de un camino más largo. El documento debe ser ahora traspuesto a la normativa autonómica, algo en lo que ya trabaja el Principado.

El acuerdo avanza ya que a los futuros geriátricos se les limita el tamaño, de forma que no puedan albergar más de 75 plazas en la zona rural, 90 en entornos de población media, y 120 en las ciudades. Se acaba así el modelo de macrogeriátricos, del que son ejemplo en Asturias la mixta de Gijón (con más de 400 clientes) y Santa Teresa en Oviedo (supera los 300). Avisados de los nuevos vientos que soplan, las empresas ya venían presentando proyectos ateniéndose a esas limitaciones.

El documento fija también un incremento progresivo en el personal que atiende a mayores y dependientes. La memoria económica del acuerdo analiza la situación de cada comunidad para elaborar unas primeras estimaciones. En Asturias calcula en 11.664 las personas beneficiadas por todo el paquete de las medidas, y en 10,7 millones el impacto presupuestario conjunto que en 2023 deberán afrontar organismos públicos y empresas privadas para mejorar las plantillas que tienen en las residencias, centros de día y atención domiciliaria.

En 2025 a más tardar el acuerdo incrementa aún más la proporción de personal, lo que supondrá un coste de cuatro millones adicionales en las residencias asturianas. El siguiente salto de personal se fijó para 2027 y ampliará los costes de personal de los geriátricos en otros tres millones.

La memoria económica sitúa a las residencias y centros de día asturianos como las que más esfuerzo en personal deberán hacer para cumplir los ratios del nuevo modelo. En los geriátricos calcula que el año que viene asumirán un incremento del 10,5% en los costes de personal dedicado a la atención de las personas mayores, cuando en el resto del país el promedio de subida es del 7,88%. En lo tocante a las plazas para personas con discapacidad, la plantilla se encarecería un 5,99%, cuando el resto de comunidades promedian un 1,08%.

Lo mismo ocurre con los centros de día. El incremento de costes de personal se estima aquí en un 16,79% en el personal dedicado a la atención de los mayores, la variación más acusada en un país que con el nuevo modelo promediaría un 14,05% de alza. El personal que cuida de los dependientes en centros de día es el que menos refuerzos comparativos precisa, pues en esta parte el incremento de costes de personal esperado en Asturias es del 3,92%, frente al 13,48% nacional.

Moderado es también el escenario que se le viene al servicio de ayuda a domicilio. En Asturias hay 6.059 personas que reciben apoyo en sus labores diarias sin tener que dejar su vivienda. El acuerdo incrementa los precios públicos por hora y asegura que una parte de la jornada laboral de los profesionales puedan dedicarlo a resolver las labores de gestión y organización. Según su estimación el coste de personal actual es de 25,8 millones, y con el nuevo modelo deberá estirarse en 1,26 millones más el próximo año.

«Vamos a acompañar a las empresas para que podamos avanzar juntos», expone la consejera. «Estamos negociando para actualizar los contratos y el precio de las plazas; es imprescindible no solo porque el tiempo pasa, sino porque los perfiles que se requieren ahora no tienen nada que ver con los de hace cinco años», argumenta Álvarez.

La consejera previene. El acuerdo es exigente al hablar de los títulos y acreditación que debe tener el personal que trabaja con mayores y dependientes, pero deja puertas abiertas a la excepción. «La prioridad es atender a las personas», justifica Álvarez.

Ahora, con ratios de personal menos exigentes que los que marca el acuerdo, «las empresas ya tienen dificultades para cubrir plantillas en la zona rural. Van a la oficina de empleo, no encuentran candidatos y buscan en la del concejo de al lado...». Para cumplir, deberán seguir buscando.