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SANTANDER / GIJÓN.
Domingo, 5 de febrero 2023
El Gobierno central busca culpables y, por las palabras de la ministra Raquel Sánchez, lo hace en Renfe y Adif, empresas públicas que se miran de reojo cada vez que se les cuestiona por el origen del fallo. El señalamiento que hizo la ministra ... deja por el momento fuera de la ecuación a un tercer actor clave en el asunto, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Ella fue quien promovió la instrucción de gálibos que en lo tocante al ancho métrico no recoge las dimensiones de los túneles existentes (cosa que sí hace al hablar de las redes de ancho convencional e internacional), y también ella ha sido la que ha terminado asumiendo que la normativa en vigor no está preparada para los nuevos trenes, resolviendo su modificación. A ella le corresponde además desarrollar normativamente el «método comparativo», clave en la solución del entuerto, práctica histórica en Feve, pero que al que tenía sin dar amparo jurídico.
Apuntar a la Agencia tiene riesgos. La Comisión Europea viene presionando para garantizar la independencia de dicho organismo, por lo que cuesionarla desde el ministerio podría colisionar con Bruselas. Las papeletas repartidas por la ministra optan por mirar a Adif y Renfe. Ambas dependen del ministerio, que es quien propone al Consejo de Ministros el nombre de sus máximos responsables, María Luisa Domínguez en Adif e Isaías Táboas Suárez en Renfe. La primera es la propietaria de la infraestructura y la segunda de los trenes. Ambas áreas viven separadas desde que en 2005 lo quiso así la Ley del Sector Ferroviario.
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