Renedo, expulsada como funcionaria antes de su segundo juicio

Ella le dio el nombre al caso, guió con sus pasos, sus excesos y sus expedientes falsificados a los agentes de la Comisaría de Gijón, pero no era la pieza principal de la trama. Su destitución, a los pocos días de empezar a ser investigada, evitó que los policías que tenían su teléfono pinchado pudieran seguir profundizando en las relaciones que mantenía con el resto de la consejería. Esas pocas escuchas bastaron, sin embargo, para que el Grupo de Delincuencia Económica vinculara a la funcionaria con el empresario Víctor Manuel Muñiz. Y, tirando de ese hilo, encontraran indicios de los desmanes de la Consejería de Educación.

La sentencia confirma que Marta Renedofue la primera en ser descubierta, pero no la mayor delincuente. La Audiencia Provincial encuentra probado que cometió un delito continuado de falsificación en documento oficial y mercantil, al pegar con celo la firma de sus superiores para tramitar expedientes de contratación ficticios. Esas 'autoadjudicaciones' sacaron 663.579 euros de su consejería y los depositaron en Implans Mounts, sociedad de la que era dueña. La mecánica funcionó sin que saltaran las alarmas durante año y pico. Su superior, Alberto Pérez Cueto, asegura que la pilló haciendo una revisión rutinaria, sin haber recibido aviso previo de que la Policía ya estaba tras los pasos de su subordinada.

Sumados a los delitos de cohecho, prevaricación y malversación de caudales, Renedo sale con una mochila de nueve años de prisión, multa de 480.000 euros, e indemnización al Principado todavía por determinar. De poco le ha valido reconocer que sí, que parte del dinero que se llevó con Implans lo hizo cometiendo un fraude, o sus intentos frustrados de confesar en cuanto fue destituida.

El fallo incluye su expulsión de la función pública. Hasta ayer se imponía la presunción de inocencia y, pese a su separación del servicio, durante años tenía derecho a cobrar parte de su salario como funcionaria, un dinero que deberá devolver. Ahora no podrá tener empleo público en una década. El varapalo le llega a pocas semanas de afrontar el juicio que se celebrará en el Tribunal de Cuentas para analizar el supuesto perjuicio económico causado al erario.