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EUGENIA GARCÍA
OVIEDO.
Jueves, 29 de noviembre 2018, 00:52
Recuperar las dieciocho horas lectivas en Secundaria supondrá un coste de 19 millones de euros al año. El 1 de septiembre del próximo curso se pondrá en marcha esta medida, que revierte la decisión de aumentar la jornada lectiva a veinte horas, ... tomada en 2012 para hacer frente a la crisis. Y para ese primer trimestre del curso 2019-2020 se ha incluido una partida en los presupuestos de seis millones de euros. En total, se calcula que serán necesarios 417 profesores más.
La medida fue acordada por unanimidad el pasado lunes entre el consejero de Educación, Genaro Alonso, y los sindicatos ANPE, UGT, Suatea y CC OO en la Mesa Sectorial. Supone volver a la situación que había antes de la aprobación del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó para hacer frente a la crisis.
Los profesores nunca aceptaron esos recortes, cuyas consecuencias inmediatas -aseguran- fueron una significativa disminución de las plantillas, el aumento de las ratios de alumnado, una sobrecarga de trabajo y la consiguiente imposibilidad de hacer apoyos, desdobles o mejorar la atención a la diversidad del alumnado. Al tener que dedicar 20 de las 37,5 horas semanales que pasan en el centro a dar clase, mantienen, tienen menos tiempo para preparar las materias, sacar adelante proyectos o atender las dificultades de los niños. Todo esto cambiará el curso que viene. Al menos para Secundaria, ya que los maestros, que de momento solo han conseguido reducir el tiempo de obligada permanencia en los centros de 30 a 28 horas, tendrán que esperar para abordar bajar a 23 horas lectivas.
El consejero de Educación siempre defendió que hasta que no se derogase el decreto tenía las manos atadas. A mediados de septiembre, después de que la ministra del ramo, Isabel Celaá, anunciase esa derogación, los sindicatos recibían una propuesta por parte de la consejería, en la que se planteaba que a 1 de septiembre de 2019 se redujera la jornada lectiva a 18 periodos». El acuerdo no fue posible. Dos sindicatos, ANPE y UGT, consideraron «insuficiente» el planteamiento de Educación.
No obstante, había prisa en cerrar un acuerdo para poder incluir los fondos necesarios para aplicar la medida en 2019 en los presupuestos del Principado, algo que, sostuvo Genaro Alonso, «siempre fue el objetivo de la consejería».
Así, aunque aún no se ha publicado en el BOE la anulación del decreto de racionalización de gasto público que permitirá -pero no obligará- a las comunidades reducir la jornada lectiva, «Asturias se adelanta a otras regiones que no lo han hecho o tienen dificultades». El consenso, alcanzado en vísperas de las elecciones sindicales, incluye otras «mejoras importantes» que dan respuesta a las exigencias sindicales y que según el consejero y estos últimos «abren el camino a seguir en esta acción de mejora de las condiciones del profesorado», como la creación de sendos grupo de trabajo, uno para el impulso de los planes de evaluación de la función docente y otro para la simplificación de tareas administrativas o la entrega de un carné docente actualizado.
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