La reforma de la Lomce retira el valor académico a Religión, que no contará para la media

Isabel Celaá aspira a pactar a lo largo de la legislatura otras serie de reformas de calado, que permitan modernizar el sistema educativo en su conjunto, pero ahora su urgencia es hacer desaparecer de cara al curso 2019-2020 los aspectos de la Lomce que considera más «vulneradores de la igualdad de oportunidades» en la enseñanza. Ayer no consiguió el compromiso explícito y anticipado de nadie a su reforma exprés, pero tampoco ningún partido se cerró a la posibilidad de negociar el acuerdo, aunque el PP sí puso objeciones a la mayoría de las modificaciones.

Con esta reforma quiere cambiar el artículo 109.2 de la Lomce para que quede claro que la red de colegios e institutos públicos tendrá la «preeminencia» en la programación de la oferta de plazas escolares y que la función de la concertada será «complementaria» en las necesidades de escolarización. Se trata de retirar la referencia a la «demanda social» que hace la Lomce y que, según destacó Celaá, en la práctica ha servido para que algunas comunidades hayan primado la creación de plazas privadas subvencionadas en detrimento de la pública. Un cambio legal que también debería terminar con la posibilidad de que los concertados seleccionen a los alumnos que les interesan -de mayores recursos económicos- con la imposición de cuotas anuales o mensuales por ciertos servicios, porque «no es cierto que todas las familias pueden elegir centro», añadió.

La modificación que patrocina no prohibirá de entrada los conciertos con centros privados que separen a los niños por sexo, pese a que era una demanda del PSOE en la oposición. Sin embargo, la ministra indicó que abrirán un tiempo de negociación con estos colegios (unos 150) para tratar de reconducirlos a la coeducación. Lo que no explicó es qué hará si fracasa la negociación.

La norma también retiraría el valor académico a la asignatura de Religión, cuya calificación no contará para la nota media. Se convertirá en una asignatura que podrá cursar quien la pida, pero que no le supondrá ir a clase alternativa alguna a quien no la desee. Por contra, la nueva ley creará una asignatura obligatoria para todos los alumnos -'Valores cívicos y éticos'-, que formará en «virtudes cívico-democráticas» y en derechos humanos.

La cuarta modificación de la Lomce será la liquidación definitiva de las llamadas reválidas, los exámenes del final de ciclo, en 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, sin cuya aprobación no se obtenía el título. Su entrada en vigor está congelada desde 2017, para facilitar la negociación de un pacto por la educación. Con la reforma desaparecerían y se mantendría la EBAU como prueba de acceso a la universidad. En cambio, Celaá quiere recuperar las pruebas de diagnóstico de 4º de Primaria y 2º de la ESO, que no tendrán valor académico, pero que servirán al centro para ver en qué debe mejorar en sus planes y a las administraciones para testar el funcionamiento del sistema educativo.

La ministra pretende terminar también con los itinerarios que la Lomce implantó desde 3º de la ESO, y que, en su opinión, obligan a los alumnos a elegir un tipo de asignaturas u otras según su rendimiento, que, en la práctica, encaminaban a los estudiantes hacia el Bachiller o la FP.

La sexta y última modificación propuesta por Celaá es la de tres artículos de la Lomce que redujeron de forma notable la influencia del consejo escolar -alumnos, padres y profesores- en la gestión de los centros públicos y privados. Entre otras competencias, se les devolverá el papel protagonista en la designación de director, que ahora queda en manos de la administración.

La ministra, por otra parte, reiteró que en breve el Gobierno aprobará un decreto para liquidar los recortes que el PP implantó en 2012, por lo que volverá a fijar en 18 las horas lectivas semanales y asegurará la cobertura inmediata de las bajas de docentes. También planea poner en marcha un plan que haga «asequible» a los padres llevar a sus hijos a la escuela entre los 0 y 3 años -centrará sus ayudas en las familias que están en el 30% más bajo de la renta media autonómica- e iniciará un programa que otorgue recursos adicionales para refuerzos educativos a los colegios ubicados en los barrios más pobres.

Entre sus proyectos principales están, además, elaborar una ley para modernizar y potenciar los estudios de FP y un plan de choque para lograr que el abandono de los estudios a los 16 años se reduzca al 15% entre los menores de 24 años.