La ley para reducir la burocracia permitirá hacer obras menores sin obligación de pedir licencia

Se trata de una demanda repetida por patronales y alcaldes, hartos de ver que proyectos, inversiones y obras se malogran por falta de permisos. «Tenemos un sistema policial sin policías», es la frase atribuida al exconsejero Arturo Gutiérrez de Terán que describe ese malestar.

Si nada se tuerce, el Ejecutivo regional sacará del horno el borrador con el que quiere atacar el problema en los próximos días, para abrirlo a consulta pública y aprobarlo este verano en el consejo de gobierno. Luego conocido como 'anteproyecto de ley de medidas administrativas urgentes' pasará a la Junta General.

Pero, ¿cómo se consigue agilizar la Administración? El borrador se centra en suprimir trabas en tres niveles principales: el control del patrimonio cultural, el de ordenación y urbanismo, y el medioambiental. Por partes.

En la esfera de la protección del patrimonio cultural, la nueva norma especificará en qué tipo de inmuebles dejará de ser necesario solicitar autorización previa para hacer obras menores. Ahora por ejemplo un cambio en la fachada de un inmueble cercano a la catedral de Oviedo tiene que recabar el permiso de la Administración; es un control que busca preservar la imagen del conjunto pero que llevado al exceso pierde su sentido.

En el orden medioambiental la nueva ley suprimirá la evaluación preliminar de impacto ambiental (EPIA), un control extra del que el Principado se dotó mediante la Ley de Espacios Naturales de 1991, esto es, en un contexto donde la prioridad política era preservar la ecología.

Esa figura sometía entonces a examen una ristra de proyectos que de aquella no pasaban por el más exigente filtro de la evaluación de impacto ambiental. Hoy la situación es otra y ha quedado como un control suplementario, según ha considerado el equipo de la viceconsejera Nieves Roqueñí.

«No quiero sesgar ni menguar la participación pero a veces los procesos de consulta pública son excesivos, cansinos, no aportan nada por recurrentes», según explicó el propio Cofiño en una conferencia el mes pasado.

La voz cantante en la poda urbanística la ha tenido la directora general del ramo, Sonia Puente Landázuri. Su departamento ha logrado introducir en la 'ley ómnibus' una serie de obras también menores, que dejarán de requerir la obtención previa de licencia. Son retejados, cambio de ventanas, nuevas instalaciones, colocación de placas fotovoltaicas y actuaciones de este tipo. «Para todo esto bastará una declaración responsable y con ella evitaremos mucho trámite burocrático», según confirmó semanas atrás la directora en una entrevista con este periódico.

Ahora mismo el control sobre este tipo de actuaciones «colapsa los servicios técnicos», aseguró Puente Landázuri. El borrador de anteproyecto precisará cómo ha de ser esa declaración por la cual el ciudadano asegura conocer la normativa y tenerlo todo el regla para seguir.

Eso en el caso de quienes van por el conducto reglamentario. Para sortear el papeleo también hay ciudadanos que lo que están haciendo es ejecutar la reforma en su casa, evitando colocar un contenedor específico en la calle que les delate, y asegurándose de que el escombro sale en sacos discretamente en las furgonetas de los obreros.