Oviedo
Martes, 7 de mayo 2024, 14:32
El edificio judicial de Lena «carece de condiciones mínimas de accesibilidad» y cuenta con un informe de inspección que revela «problemas de seguridad». El de Cangas del Narcea «tienen problemas continuos en los archivos» y en el de Cangas de Onís «se trabaja en condiciones ... inadecuadas». El de Llanes «sufre inundaciones» reiteradas «debido a su inadecuada ubicación en un semisótano». El de Pravia «sigue compartiendo espacio con el Ayuntamiento», sin que de su traslado a 'La Azucarera' se conozca calendario. Como tampoco lo hay para la reunificación de las sedes de Oviedo «que no puede esperar diez años» ni, en este caso, tampoco de «una solución puente hasta la concentración en Llamaquique». Por no hablar de «los fallos continuos» del sistema informático. Tan graves como hasta «provocar una crisis hace un mes» con una caída total del sistema. Y tanto como para que mañana se reúna, por segunda vez en el año, la Comisión Informática que integran tres representantes de la viceconsejería de Justicia y tres de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
Publicidad
Así lo contó su presidente, Jesús Chamorro, durante la presentación de la memoria judicial de 2023 que, salvo por la diferencia de las cifras casos y resoluciones, sonó igual que las anteriores en cuanto a las reclamaciones que la Justicia asturiana plantea al Principado. Incluso el propio Chamorro reconoció que «en las memorias anteriores a mi llegada, que conozco, también se planteaban los mismos problemas». Porque en Asturias se ofrece una justicia del siglo XXI «con la labor ingente que hacen los 155 jueces, con independencia, imparcialidad y neutralidad», en unos «plazos envidiables», pero con infraestructuras y sistemas de otros siglos. Los informáticos se remontan al XX. Las sedes judiciales, al XIX y anteriores.
Sobre los números del año pasado, la estadísticas se remonta a cifras prepandemia. En 2023 ingresaron en los órganos judiciales asturianos 143.381 asuntos, lo que supone un 3% menos que en 2022 (147.628). Por debajo también de los datos de 2019, cuando se ingresaron 144.450 casos. La mayoría de los casos corresponden a la jurisdicción civil, con 63.692 casos, un 6,6% menos que el año anterior. Le siguen la penal, con 63.029, que son un 0,4% más que doce años antes. Es, de hecho, la penal la única que sube. Bajan los casos contenciosos administrativo, un 5% menos para quedar en 3.517, y de social, un 1,4% menos, hasta ingresar 13.143.
Con un mayor volumen de casos, también cae el de sentencias. Dice la memoria que el año pasado se dictaron 36.987 sentencias, un 23,9% Ni menos; 57.457 autos finales, un 4,38% menos, y 30.307 decretos, un 12,89% menos. Según el presidente del TSJA, «el número de resoluciones ha bajado sensiblemente por razón de las huelgas del primer semestre», aunque precisó que «se ha recuperado parte del tiempo perdido» en el segundo semestre del año. También explicó que la recuperación depende «de cada jurisdicción», ya que, por ejemplo «en los órganos judiciales en los que el procedimiento conlleva el señalamiento de vistas orales, la capacidad de recuperación es mucho menor que cuando estamos hablando de procedimientos escritos». Así señala los problemas sufridos «en el orden social» y en «Gijón y Avilés, donde afectó más la huelga y, en el caso de Avilés, donde tienen una sobrecarga de trabajo importante».
Publicidad
Unos números que, aunque suponen un descenso, implican «una trabajo ingente», reiteró Jesús Chamorro, para unas condiciones «que no son las adecuadas». Porque no solo los juzgados tienen problemas por el tipo de edificio que ocupan o, en el caso de Oviedo, «por su dispersión, que afectan a los operadores jurídicos y a los usuarios», sino que la digitalización sigue siendo la gran asignatura pendiente.
Así «puedes llegar al juzgado de guardia y ver que el ordenador no enciende» o «intentar hacer una videoconferencia y que dé problemas». Por ese motivo, en la reunión de la Comisión de Informática que celebrarán mañana, «volveremos a pedir asistencia técnica continuada» ya que, «por ejemplo, aquí la tenemos un día a la semana. Cualquier incidencia que surja en un día distinto al lunes, hay que llamar al órgano de gestión de incidencias para que venga alguien». Por eso, reclaman que «al menos, en los palacios de justicia de Oviedo, Gijón y Avilés, así como en Siero, Mieres y Langreo, haya asistencia técnica continuada».
Publicidad
Por no hablar de los equipos psicosociales. «Debería haber más», insistió Chamorro. Tantos problemas dan, por el retraso en la emisión de los informes, «que muchos órganos judiciales ya resuelven sin el informe del equipo psicosocial. Es una realidad que se está viendo, desgraciadamente». Porque, «los jueces piden el informe al equipo psicosocial ocho o un año sin resolverse, así que si resuelven sin él y, en posteriores ocasiones, ya no lo piden». Un problema que afecta «precisamente a donde hay colectivos vulnerables, porque son temas de familia, de violencia... Sería importante que hubiera una mayor eficacia en el despacho de esos informes».
«Los jueces españoles resuelven y han dado muestras de ello, con el único objetivo de aplicar la ley con pleno sometimiento a la Constitución y al ordenamiento jurídico vigente. Y lo hacen con independencia y, sobre todo, con imparcialidad y neutralidad». El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) negó la existencia de 'lawfare' en España. Jesús Chamorro defendió que «nuestro sistema judicial es parangonable a cualquier país de nuestro entorno», algo que dijo «no es el horizonte, sino el presente». Recordó que lleva «35 años en la carrera judicial, con varios años destinado en el País Vasco» y, desde su experiencia, «los jueces estamos acostumbrados a trabajar con presión». Pidió Chamorro «lealtad constitucional y respeto al sistema con que nos hemos dotado» y lamentó «una litigiosidad excesiva».
También habló sobre el caso desvelado por EL COMERCIO de un acusado de violencia machista que, en mitad del proceso, se acogió a la 'Ley trans' para solicitar el cambio registral de sexo. En opinión del presidente del TSJA, «los juzgados de violencia solo pueden atender la violencia que se hace entre personas de distinto sexo. En cuanto es violencia entre el mismo sexo, las competencias corresponden a los juzgados de instrucción».
3 meses por solo 1€/mes
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
A la venta los vuelos de Santander a Ibiza, que aumentan este verano
El Diario Montañés
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.