Hacienda inicia contactos con Asturias para negociar los detalles de la quita de deuda

Teniendo en cuenta que el Principado apenas se acogió a Fondo Liquidez Autonómico (FLA), y que por lo tanto su deuda directa con el Estado ronda los 600 millones de euros, el grueso de su quita deberá aplicarse a la deuda bancaria, que supera ligeramente los 4.000 millones de euros, tal y como se comprometió el Gobierno central. ¿De qué créditos se libraría el Principado y cómo?. Ésa es una cuestión que deberá negociarse ahora ya de forma bilateral con el Ministerio de Hacienda, aunque al menos inicialmente serán reuniones de nivel técnico, sin presencia del consejero de Hacienda, Guillermo Peláez.

Asturias fue, junto a Cataluña y Castilla-La Mancha, una de las pocas comunidades de régimen común que votaron a favor de esta medida en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, mientras que los responsables de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP abandonaron la sala antes de la votación, computando tal estrategia como una abstención. Queda por ver, en su caso, si finalmente se acogen a esta medida por la que el Gobierno de Pedro Sánchez ofrece a las comunidades de régimen común una condonación total de 83.252 millones. El Ministerio de Hacienda, por su parte, en una clara estrategia para obligar a estas comunidades a posicionarse al respecto, ha enviado a todas un escrito para organizar estas primeras reuniones bilaterales a nivel técnico y analizar la situación de cada cartera de deuda.

La oferta del Ministerio de Hacienda a las comunidades es que el Estado asuma 83.252 millones de euros del total de su deuda repartiendo un 75% de estos fondos teniendo en cuenta la población ajustada, correspondiendo a Asturias 1.508 millones, y el 25% restante en base a otros criterios con los que se prima a las comunidades más endeudadas y a las que subieron el IRPF para cuadrar sus cuentas entre 2010 y 2022, quedando Asturias sin un solo euro de esta partida. De este modo, 18.791 millones (22,57 % del total) corresponderían a Andalucía, 17.104 (20,54 %) a Cataluña, 11.210 (13,47 %) a la Comunidad Valenciana y 8.644 (10,38 %) a Madrid, mientras las otras once comunidades de régimen común, incluida Asturias, se distribuirían el 33 % restante.

El Principado de Asturias reconoce no estar satisfecho al 100% con el criterio de reparto, sólo con el del 75%, pero el equipo de Adrián Barbón lo ha dado por bueno argumentando que la quita le permite recuperar los niveles de endeudamiento previos a la crisis financiera, mejorar su capacidad para acudir al mercado financiero y ahorrarse unos más de 30 millones de euros anuales en intereses. Sin embargo, esta decisión ha recibido duras críticas por parte de empresarios y oposición, al entender que el acuerdo obedece a un pacto político con Cataluña para garantizar la investidura de Pedro Sánchez y perjudica a las comunidades más responsables, como es el caso de Asturias. Incluso ha motivado que el PP, principal partido de la oposición, dé por roto el pacto alcanzado en la pasada legislatura en la Junta General en materia de financiación autonómica.