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R. MUÑIZ
GIJÓN.
Jueves, 19 de enero 2023, 01:27
Esta batalla contra las inundaciones empezó en 2010. Un Real Decreto de esa fecha obligó a las administraciones a asumir un nuevo enfoque. En lugar de presas, encauzamientos y diques de protección, la idea consistía en afinar sistemas de alerta, dejar de construir en zonas por las que crezcan los ríos y concienciar a la ciudadanía para que tomara medidas de autoprotección. «Este último tipo de actuaciones son menos costosas económicamente y a la vez menos agresivas medioambientalmente», justifica la normativa.
Tras la normativa, cada confederación hidrográfica está dedicando parte de su personal y recursos a estudiar mejor las avenidas, aprender cuándo van a suceder y qué elementos las pueden volver más dañinas. Quizás la medida que provocó mayor impacto fue restringir al máximo las opciones de seguir edificando en zonas inundables.
El trabajo es continuo y el martes vivió una nueva etapa. El Consejo de Ministros aprobó los nuevos planes de gestión del riesgo de inundación para el periodo 2022-2027. Los programas incluyen actuaciones presupuestadas en 2.260 millones, «lo que supone más del triple respecto a los planes» del anterior ciclo, el de 2016-2021, según apuntó el Ministerio para la Transición Ecológica. El balance oculta una asimetría. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) es la única que pierde; el programa del anterior sexenio incluía medidas por importe de 249 millones, dos más que el actual. El Segura contaba 55 millones en la anterior etapa y pasa ahora a 840, el Ebro salta de 119 a 326, y la del Júcar de 75 a 160, por citar las apuestas más inversoras.
Una de las novedades que incluye el nuevo programa es un inventario de carreteras, tramos de vía ferroviaria, puentes y caminos que cruzan los ríos. Los técnicos analizaron los vanos, gálibos y tableros y calcularon el riesgo que tienen de que una inundación anegue estas infraestructuras. El ejercicio identifica 154 infraestructuras asturianas sobre cauces y que están en situación de «riesgo muy alto». Cada año tienen al menos un 10% de probabilidades de verse afectadas. Una de las que tiene más tramos expuestos a lo largo de la comunidad es la Nacional 634; se detectaron cruces de «riesgo muy alto» en Avilés, Siero, Piloña, Cangas de Onís y Ribadesella.
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Los informes del plan cifran en 44.800 los asturianos y cántabros que viven en zonas con riesgo de inundación. También hay un estudio que analiza los efectos del cambio climático, concluyendo que empeora los fenómenos sobre todo en las cuencas bajas y las desembocaduras.
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Que el problema va a más lo apuntan los datos recopilados del Consorcio de Compensación de Seguros. En el territorio de la CHC occidental, que agrupa Asturias, parte de Galicia, León y Cantabria, los años de 2016 y 2017 terminaron con indemnizaciones por debajo de los tres millones. Las de 2018 se acercan a los 15 millones, mientras las de 2019 aún lo doblan, con unos 30.
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