El PSOE quiere dotar a Asturias de más autogobierno con la reforma del Estatuto

El PSOE ya ha trazado una de las que, a priori, será una de sus líneas rojas. Fuentes socialistas subrayan a este diario que la intención es reforzar el autogobierno, confiriendo al consejo de gobierno la capacidad para dictar disposiciones legislativas provisionales. La principal herramienta sería la incorporación del decreto-ley. En un ejercicio de derecho comparado, no se trata de algo novedoso si se analiza los estatutos de autonomía en vigor. Esta figura ya está presente, entre otros, en los de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Era un asunto que no estaba sobre mesa pero que la actual situación de crisis sanitaria ha traído al primer plano. De hecho, el Gobierno de la comunidad de Madrid, ya anunció tras el primer estado de alarma, la intención de acotemer una reforma de su estatuto para incorporar el decreto ley como herramienta para afrontar situaciones como la pandemia.

De esta forma, el Consejo de Gobierno en Asturias podría dictar disposiciones legislativas provisionales en caso de urgente necesidad. Además de darle mayor capacidad de autogobierno, se ganaría en agilidad y eficacia para adoptar medidas urgentes. No obstante, el esquema es el mismo del que ya se produce en la relación de los poderes ejecutivos y legislativo a nivel nacional: siempre se acabará necesitando la convalidación, derogación o modificación por parte de la Junta General. O una tercera vía, se acabe tramitando como proyecto de ley. Incluso, los parlamentarios podrían ser llamados, si no se estuviera en sesión oficial, para debatir y votar el decreto-ley.

Este mecanismo ha ido ganando popularidad -y calificado como un abuso por la oposición- por los sucesivos ejecutivos centrales como vía alternativa para sacar adelante disposiciones legislativas, haciendo que el equilibrio de poderes se tambalee con una mayor omnipresencial del Ejecutivo sobre el Legislativo. O mayor autogobierno, según se quiera ver. El Gobierno asturiano, como el resto, tendría una limitación para recurrir a esta figura: no puede afectar a derechos y libertades fundamentales, al régimen electoral o a las instituciones de Gobierno recogidas en el actual Estatuto de Autonomía.

Aunque la capacidad legislativa es una de las que más adolece el Ejecutivo regional en comparación con el de otros territorios no es la única que buscan los socialistas para ganar en autogobierno. Otra pasa indefectiblemente por la reclamación de dos competencias: las Cercanías de ferrocarril y la gestión de los ríos.

Estas demandas no son nuevas en el socialismo asturiano. Durante el Gobierno de coalición liderado por Vicente Álvarez Areces ya se solicitó un informe de reforma del Estatuto donde se incluían esos dos puntos entre las propuestas. Las competencias sobre los ríos son un punto que ha dado muchas vueltas, políticas y jurídicas. La reforma del Estatuto de Andalucía de hace más de una década incluía la gestión autonómica del Guadalquivir. Este punto fue tumbado por el Constitucional para que después, el Congreso sacase adelante una reforma que permitiese a las comunidades recuperar sus competencias sobre los ríos.

La promesa que repite el presidente Adrián Barbón, también secretario general de la FSA, es que antes de que finalice el año se inicien los trabajos para la reforma del Estatuto. Pero, ni en el mejor de los escenarios, tendría visos de estar concluido antes de que concluya la legislatura en la primera de 2023. Pasaba sin estar condicionado por la pandemia y, ahora en plena crisis sanitaria, más. El ejemplo más reciente es la reforma de La Rioja. Los trabajos se iniciaron el 8 de junio de 2017 en su Parlamento, y el nuevo estatuto fue aprobado el 11 de abril de 2019. Hasta esta semana no llegó su tramitación al Congreso de los Diputados.

En el caso de Asturias se trataría de la cuarta reforma del Estatuto aunque las anteriores han sido retoques que apenas alteraron el texto. Por ejemplo, la de 1991 para modificar la fecha de las elecciones. Las posteriores, además de la realizada para modificar el propio nombre, introdujeron el techo competencial del Principado, ampliándolo, o hicieron las primeros retoques al diseño institucional.