El uso de la Ley de Proyectos Estratégicos, clave del último pulso entre IU y la FSA

Las últimas han sido semanas de tensión entre socialistas e IU-Convocatoria y conviene separar el polvo de la paja. El pliego de cargos se ha ido llenando, pero con reproches de distinto calibre.

Desde la coalición liderada por Zapico hubo quejas por haber sido avisados por Barbón solo minutos antes de anunciar los cambios a la prensa, se cuestiona el perfil de Belarmina Díaz, y se defiende un supuesto pacto para subir o crear nuevos impuestos.

Del lado socialista el presidente ha reivindicado su «autoridad» para designar consejeros, controlar los plazos y decidir con quién comparte sus cavilaciones. Barbón ha defendido la valía de Díaz y Roqueñí, deslizado que ve a diputados y portavoces juzgando de forma distinta «cuando los consejeros son hombres y cuando son mujeres». También ha negado acuerdo alguno para subir impuestos.

Hay pulso, pero dar con una de sus claves exige rebobinar al 20 de diciembre. Aquel día la Junta General aprobó la Ley de Proyectos Estratégicos, con los votos de los grupos socialista, popular, Foro y unos diputados de IU-Convocatoria molestos. Votaron con su socio de gobierno por «responsabilidad política» pero dejando patente que el texto final «no nos convence», según expresó entonces la coportavoz de IU-Convocatoria, Delia Campomanes. «Algunas enmiendas sugeridas por los lobies económicos pueden generar confusión y en la confusión ganan las multinacionales», dijo.

La ley está diseñada para agilizar la tramitación de inversiones que, por su cuantía, empleo generado o valor innovador, logren que el Consejo de Gobierno les conceda la categoría de «estratégico». En IU-Convocatoria se da por hecho que Costco utilizará esta vía para intentar asentarse en el polígono de Bobes, pero temen también encontrar en la mesa del Consejo de Gobierno peticiones de EMC para explotar la mina de Salave o inversiones eólicas agrupadas.

La intención del socio minoritario es acordar un marco político sobre la aplicación de la norma. Es una pretensión que estaba latente desde el 20 de diciembre, pero que la designación de Belarmina Díaz como consejera ha elevado a prioritaria, relegando a la discusión impositiva.

En el mandato anterior, desde la oposición, IU criticó al Ejecutivo de Barbón de ser poco transparente en su planificación energética y dar demasiadas facilidades a los proyectos eólicos. Son misiles que iban siempre contra el área de Díaz.

Con Roqueñí el socio minoritario ha tratado de marcar posición, lo que le ha llevado a roces frecuentes, pero se daban por encarrilados la redacción del reglamento de la Ley Ambiental, las bases de las futuras directrices del comercio y las trabas con las que se pretende acotar el lugar de los parques de baterías. Ahora IU busca que su socio garantice que en esos frentes no habrá cambios de rumbo ni ritmo con la nueva consejera.

La forma hace el fondo. La vía para tramitar estas desavenencias ha sido trasladarlas a la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. Se busca así aquilatar la coordinación entre partidos para evitar que los roces tengan que dirimirse entre el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, y su futura compañera de Transición.