Las pruebas que sustentan la petición de 25 años de cárcel para los acusados

Fueron seis meses de trabajo ingente para poder esclarecer una de las más complejas investigaciones a las que se ha enfrentado la Guardia Civil en los últimos años. Las tecnologías fueron clave para desenmarañar la compleja trama.

La fiscalía y la acusación particular considera que las pruebas contra los cuatro acusados son suficientemente contundentes como para determinar que todos ellos tuvieron el mismo grado de participación en los hechos. Por ese motivo, solicitan una pena individual de 25 años de cárcel por el delito de asesinato. Lo mismo para Pedro Nieva, el presunto inductor; Jesús Muguruza, el intermediario; y Djillali Benatia y Maamar Kelii, los supuestos sicarios.

Esas pruebas y evidencias parten de los posicionamientos de los teléfonos móviles y también de la primera declaración efectuada por Benatia ante la jueza de Llanes tras su detención. En ese testimonio, del que luego se desdijo en la fase de instrucción, confesó parcialmente los hechos, todos, excepto que él hubiese matado al concejal. Reconoció que le habían tendido una emboscada cuando salía de casa y que lo hicieron por encargo de Pedro Nieva, que les había pagado un adelanto de 5.000 euros como garantía. Sin embargo, manifestó que había sido su compatriota el que había acabado con la vida de Ardines. «Yo cuando me fui estaba vivo», dijo.

Ocurrió la madrugada del 16 de agosto de 2018. Días antes, el 27 de julio, el teléfono móvil de Djillali Benatia quedó registrado en la antena de Belmonte de Pría. Supuestamente, se había desplazado desde Bilbao con Pedro Nieva y Jesús Muguruza para realizar un reconocimiento del terreno y que le enseñasen dónde vivía Javier Ardines y cuál era el camino por el que salía cada madrugada para ir al puerto a faenar. Se da la circunstancia de que a escasa distancia se ubica la casa en la que veraneaba el propio Pedro Nieva y su mujer, Katia. Ella se encontraba allí la madrugada que mataron a Ardines y fue una de las primeras personas en llegar después de que otro vecino hallase el cadáver.

Precisamente un mensaje que ella misma mandó a su marido al enterarse de la muerte es una de las pruebas judiciales. Le escribió preguntándole si había sido él quien lo había matado. Sabía que desde hace meses estaba atormentando después de descubrir que ella y el marido de su prima tenían una relación. Se enteró tras dejar el móvil grabando en una comida. Registró una conversación picante entre ambos y comenzó una deriva que le llevó a contratar detectives privados e incluso a comprar un sistema de grabación oculta. Días antes del crimen, cuando Katia se desplazó sin él a Llanes, le envió esa conversación a la hija de Ardines.

La propia familia de la víctima puso sobre la pista a la Guardia Civil por las desavenencias que se habían presentado en los últimos tiempo por ese tema. En una primera declaración Katia negó tener una relación con Ardines, si bien, dadas las evidencias, acabó por confesarlo. Todas esas pruebas deberán ser demostradas y presentarlas a los miembros del jurado popular encargados de juzgar el caso en el que los procesados piden su absolución y mantienen su inocencia.