El campo asturiano se planta en el centro de Oviedo: «Estamos al límite»

La caravana de tractores, una veintena, salía esta mañana de las inmediaciones del estadio Carlos Tartiere para llegar al mediodía hasta la sede de Presidencia, en pleno centro de Oviedo, Allí, con una gran pancarta que rezaba 'Unidos por la defensa del campo asturiano', más de medio millar de personas se hacían notar con música, cencerros y petardos para exigir mejoras para el medio rural. «Estamos al límite», señalaban los principales responsables de las organizaciones agroganaderas, que se han unido por primera para ante la «extrema» situación que dicen vivir. A los altos costes de producción y a los precios bajos de comercialización, y a los daños del lobo, se suman ahora la «criminalización» que dicen sufrir por los últimos incendios en la región: «Estamos encendidos».

Presentaron un «contrato» con siste puntos para que sea suscrito por los partidos políticos de la región. Y si no se firma, avisan: «Nos echaremos a la calle con una gran macro-manisfestación». Ya fue firmado, en la protesta por PP, Foro, Vox, Suma Principado y Sos Occidente. También se ha registrado en Presidencia. En el documento se señala que la situación que atraviesa el medio rural asturiano en general y, más concretamente, la agricultura y la ganadería, «está motivando la pérdida de poder adquisitivo y el cierre constante de explotaciones, y en lógica consecuencia, la despoblación y la pérdida de empleo y oportunidades en el sector primario». Se recuerda que se trata de un «pilar de la economía asturiana durante generaciones». ¿Cuáles son los principales problemas del sector? Se apunta a la «ingente presión de la fauna silvestre, las nefastas consecuencias de las campañas de saneamiento ganadero de las enfermedades sujetas a campañas de erradicación, la gestión forestal y de la propiedad de los montes, o el incumplimiento y la falta de control de la Ley de la Cadena Alimentaria, entre otros muchos.

A todos estos se añade ahora, lamentan desde el medio rural, «la criminalización de todo el sector que se intenta constantemente desde las administraciones, e incluso desde la Fiscalía del Principado, tratando de culpabilizar de los numerosos incendios que, durante los últimos días, asolan nuestra región, precisamente a los mismos que los han extinguido y que no son otros más que los propios ganaderos».

Poro todo, y ante «esta grave e intolerable situación, que está dando al traste con una forma de vida, unas tradiciones, unos valores, y lo que es aún peor con el futuro de la generación actual y de las venideras, es por lo que las organizaciones profesionales agrarias asturianas han decidido superar lo que las separa y poner el acento en aquello que las une, «en un momento histórico, en el cual, en este acto conjunto de unidad del campo asturiano, dejando de lado los personalismos, nos queremos centrar únicamente en el interés común que compartimos». Así, ante una situación como la actual, acuerdan suscribir el presente documento con las fuerzas políticas una lista de siete compromisos para desarrollar en la próxima legislatura.

Detrás de la misma pancarta, por primera vez, se encontraban todas las organizaciones agroganaderas de la región. El mensaje es el mismo, se pide la ayuda al mundo urbano porque de ellos depende lo básico: «Tener alimentos». Pablo Álvarez Rodríguez, de Unión Rural Asturiana (URA), afirmaba que con esta concentración «se quiere mostrar a la sociedad nuestras reivindicaciones». Apuntó, sobre todo, a la criminalización del sector con motivo de los últimos incendios que asolaron al Principado. «Estamos muy calientes». Critica que se ponga en el foco a los ganaderos como posible causantes de los fuegos, «cuando somos nosotros quienes apagamos los incendios con nuestros tractores y cubas». Pide un mayor control de la fauna silvestre, que se aplique de oficio la Ley de la Cadena Alimentaria. «Nos tienen que tener en consideración, al sector primario».

«Al medio rural le toman el pelo», se queja Juan Ramón García Alba, 'Pachón', de la Unión de Campesinos Asturias (UCA). «Creemos que lo mejor que está pasando es que se está terminando la legislatura, la peor de la historia de la democracia. Es lamentable que nos sigan culpando de los fuegos cuando nos estamos yendo al carajo». Ramón Artime, de ASAJA, lamentaba que «sigue habiendo más de lo mismo; lo que está claro es que hay que buscar un equilibrio sostenible en el campo, donde se cuide al medioambiente pero también a la economía que generamos. So no es así, esto no tiene remedio». Denunció que en las administraciones pública hay, cada vez más, presiones de los lobbys ecologistas, «con intereses económicos; esto nos lleva a una pérdida de la soberanía alimentaria, a que haya menos alimentos y, cada vez, más caros».

Mercedes Cruzado, de COAG Asturias, afirmaba que ya antes dela pandemia ya había cierres por la imposibilidad de hacer frente a los costes: «La situación no ha mejorado». Explicaba que suben los precios de los piensos, y de los costes de producción. «Aguantamos de mala manera y, ahora, con los incendios, se nos criminaliza a los ganaderos de este desastre tan grande, cuando somos nosotros quienes los hemos padecido. Tenemos un cabreo monumental. Y no solo por eso, la fauna salvaje nos mata la cabaña. Hay motivos más que suficientes para echarnos a la calle. No ayuda y nos ponen más zancadillas».

«Llevamos desde hace años reclamando que se nos devuelvan los montes comunales», clamaba Luis Fernando Marrón de USAGA. «La Ley de la Cadena Alimentaria nos está llevando a la ruina por su falta de aplicación. El año pasado 98 ganaderías cerraron en Asturias. ¿El motivo? Por que simplemente la distribución está marcando los precios a la baja, solo les importa ganar dinero».

En el primero de los compromisos que se pide adquirir a los partidos políticos, se les insta a apoyar iniciativas en la Junta General del y, en su caso, desde el propio Principado, tendentes a la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, al control riguroso y exhaustivo de la fauna salvaje que reduzca al mínimo los daños, así como a un sistema justo, ágil y equitativo de abono de los mismos cuando éstos se produzcan, todo ello mediante la aprobación de un reglamento de daños consensuado con las organizaciones y asociaciones del sector y mediante la participación directa de los interesados.

El segundo de los compromisos se centra en presentar y apoyar iniciativas para la devolución automática de los montes «a sus legítimos propietarios, a quienes siempre los han gestionado a lo largo de la historia, evitando el expolio que supone la expropiación encubierta de los mismos por parte de la administración, tanto de los montes vecinales de mano común, como de aquellos pro-indivisos que han sido inexplicable e injustamente incluidos dentro de los Montes de Utilidad Pública, sin obligar a sus legítimos propietarios a emprender costosos e interminables procedimientos judiciales frente a una administración colosal y todo poderosa».

Se reclama, en el punto tercero, un cambio radical en la gestión de la superficie forestal, que conlleve la realización efectiva de desbroces, quemas controladas, y un plan especial de refuerzo de la presencia del ganado menor (la reciella) en nuestros montes, incidiendo sobre una gestión para la prevención de incendios, como mejor forma de extinción, creando un consejo local integrado por los hombres y mujeres del territorio que participe en la adopción de las decisiones de gestión del monte más adecuadas y adaptadas a cada caso concreto, excluyendo en todo caso el acotamiento de los montes como medida de gestión.

En el punto número cuatro se exige un control de oficio en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, que impida la venta a pérdidas de las producciones, y el resto de garantías que la misma recoge, creando una partida presupuestaria suficiente para atender dicho cumplimiento, así como un cuerpo específico de inspección y verificación del mismo.

Más y mejores servicios a la población son las propuestas del puto cinco; se centran en las prestaciones sanitarias y educativas, así como de las infraestructuras en el medio rural, garantizando la cobertura total de móvil e internet en todos los pueblos y aldeas de nuestra región, en todo caso, antes de la finalización de la próxima legislatura.

Se reclama también (en el punto seis) «una priorización, sin ambages, en la defensa de nuestras razas autóctonas», especialmente aquellas que se encuentran en peligro de extinción frente a otras que no lo están, como es el caso del lobo, o incluso también frente al oso.

Y en el último de los puntos, se insta a constituir una comisión de seguimiento, que estará integrada por un representante de cada uno de los partidos políticos firmantes, y que se reunirá con periodicidad semestral, antes del último día del mes de junio, y del mes de diciembre de cada año, con el propósito de realizar un seguimiento del cumplimiento de lo acordado.

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