Los propietarios de pisos turísticos no aceptarán que se reviertan los permisos

No salieron contentos ninguno de los dos de la reunión, y momentos después explicaron a EL COMERCIO que «lo que nos ha presentado es un ataque frontal contra nuestros negocios, a los que el proyecto de ley considera como un problema», según indicó Manuel Herminio García, que añadió que el propósito del Principado es «inconstitucional», toda vez que pretende, siguiendo la Ley de Propiedad Horizontal, obligar a los propietarios de Viviendas de Uso Turístico «que ya estamos legalizados por un acto administrativo firme del Principado» a «solicitar el permiso de las comunidades de vecinos. Si ya tenemos ese permiso y no hay una prohibición expresa, previa y por acuerdo de la comunidad de vecinos, ¿para qué se nos va a pedir ahora que la comunidad de vecino apruebe un permiso?», inquiere, insistiendo en que «para destruir ese acto administrativo firme del propio Principado, haría falta una declaración de nulidad legal» de la Administración regional.

Por su parte, Iván Rodríguez advirtió de que ambas asociaciones «vamos en conjunto y si desde el Principado insisten en esta línea actuaremos de forma legal hasta donde haya que llegar». En la misma línea que Manuel Herminio García, Iván Rodríguez explicó que desde su punto de vista «lo que se pretende desde el Principado ahora es aplicar la retroactividad a las viviendas que ya son legales», en un «ataque bastante directo contra nosotros en el que se vulneran bastantes leyes». E, incluso, retó a la Administración regional a que «si consideran que nuestra actividad es molesta, la de aquellas viviendas que ya están legalizadas por el Principado, que instalen en ellas sensores de ruido, para ver cuál es la prevalencia de fiestas y ruidos molestos en las viviendas que están legalizadas».

Manuel Herminio García señaló, también, que «hay comunidades de vecinos en las que hay pequeños hoteles, pensiones y otros negocios turísticos que conviven con residencias particulares, y curiosamente a ellos no se les hace referencia, cuando pueden ser igualmente molestos para las comunidades de vecinos».

Por su parte, la vicepresidenta y consejera del ramo, Gimena Llamedo, mantuvo a continuación una reunión con la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, la socialista Cecilia Pérez, y el alcalde de Cangas de Onís, el popular José Manuel González Castro. Mientras finalizaba la reunión de Lara Martínez con los empresarios y comenzaba su encuentro con los alcaldes, Gimena Llamedo explicó que el Principado va a poner en marcha un nuevo servicio de inspección turística y un registro telemático de viviendas de uso turísticos. Los empresarios de viviendas de uso turístico anotaron tras conocer este punto que «sí que es necesario reforzar la inspección, que por el momento apenas tiene personal».

«Es decir, esta regulación de viviendas de uso turístico va principalmente a reforzar la calidad, a reforzar la sostenibilidad de nuestro turismo, la convivencia y también en ese trabajo contra las viviendas ilegales», dijo, para añadir que los requisitos que tendrán que cumplir este tipo de alojamientos que no había anteriormente «van en pro de la calidad del servicio».

La vicepresidenta ha insistido en que cada Administración, ya sea el propio Ejecutivo autonómico o los ayuntamientos, tiene su ámbito de actuación y que las corporaciones locales jugarán «un papel importante» al tener competencias como las urbanísticas o poder tomar limitaciones en caso de saturación turística.

«Esta modificación de la ley trabaja mejor esa cogobernanza con los ayuntamientos, tanto en lo que tiene que ver con la definición de zonas turísticamente protegidas como también en lo que tiene que ver en el ámbito competencial de la regulación propiamente dicha de las viviendas de uso turístico», dijo.

La nueva Ley de Turismo irá la próxima semana al Consejo de Turismo. A partir de ahí, empezará la tramitación y será aprobada en Consejo de Gobierno, para posteriormente ser remitida a la Junta General del Principado.

«Será la Junta General del Principado y, por tanto, los grupos parlamentarios los que determinen la celeridad con la que puede tramitarse y llegar a aprobarse este anteproyecto de ley. Pero si los grupos parlamentarios agilizaran esta tramitación, la ley podría estar tramitada antes del verano», anotó Llamedo.