«Pedimos únicamente lo que nos merecemos»

María Eugenia Martínez estaba preparando las oposiciones de Educación en 2018 cuando unos terribles dolores la postraron en una cama de hospital durante semanas. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad neurodegenerativa que cambiaría su vida por completo. «Cosas cotidianas, como concentrarme o memorizar de repente me costaban el doble», cuenta esta joven de 34 años. A pesar de las dificultades añadidas, Eugenia consiguió aprobar el examen aquel mismo año y entró en la lista de orientadores.

Después de cuatro meses cubriendo una baja, a Eugenia se le acaba el contrato. Decide entonces solicitar otras vacantes y espera conseguirla, esperanzada y positiva, al ser la única en su lista con discapacidad. Pasan los meses y ya son seis los que Eugenia lleva sin trabajar. Cuando llama a la consejería, la respuesta que le dan es que las plazas para personas con discapacidad ya han sido cubiertas. Como ella, otros muchos interinos se encuentran en un limbo administrativo que los condena o bien a la inactividad o, en el mejor de los casos, a la obtención de una plaza itinerante.

Este es el caso de uno de los jóvenes integrantes del colectivo, que padece problemas de riñón y al que recientemente se le adjudicó una plaza que le obliga a desplazarse cada día lejos de su lugar de residencia y del hospital donde realiza la hemodiálisis. «Lo que nos dejan son los restos, aquellas modalidades o plazas que el resto no quiere», explica María Ángeles Calle, también integrante de la Asociación de Maestros Capacitados, que cuenta con unos 70 asociados.

De ahí que los miembros de la agrupación se sientan «discriminados» por la Consejería de Educación que, además, «sigue sin respetar el cupo de plazas reservadas del 7% que establece la ley para las personas discapacitadas». En las pasadas oposiciones para la especialidad de Inglés se ofertaron un total de 3.042 plazas de las cuales solo 94 fueron adjudicadas a los maestros con discapacidad. Ello supone un 3% del total de vacantes, lejos todavía de las 213 plazas que corresponderían de cumplirse el 7% que estipula la ley. En la base de esta situación, advierten los afectados, se encuentra un problema social: «De cara a la galería nos llenamos la boca hablando de igualdad, pero a la hora de la verdad a las personas vulnerables nos ponen más trabas que al resto», sostiene Eugenia Martínez.

Pese a que las reivindicaciones del colectivo no son nuevas, vuelven a coger fuerza tras las últimas adjudicaciones en las que se repite el mismo patrón de otros años. «Piensan que pasamos por encima de otros que han sacado mejor nota, cuando la realidad es que esas plazas nos corresponden por derecho», matiza María Ángeles Calle. Ella, que aprobó las oposiciones en la especialidad de Pedagogía terapéutica en 2019, encadenó varios años a media jornada porque fue lo único que le adjudicaron. El año pasado, por fin, obtuvo plaza en el Colegio de Educación Especial de Latores.

«Algunos compañeros de profesión me exigen que saque un diez como ellos, pero lo que no entienden es que no todos partimos del mismo punto y que a algunos nos cuesta el doble», precisa María Eugenia Martínez, al tiempo que recuerda el caso de otras de las compañeras del colectivo que se quedaron por el camino. Una de ellas, cuenta, con cáncer, y cuyo único objeto era hacer vida normal igual que el resto, trabajar y sentir que aportaba algo al resto de la sociedad. «Pedimos únicamente lo que nos merecemos», rematan.

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