La privatización que se decidió en media hora

Liberar el peaje del Huerna exige sentarse a negociar con los dueños de Aucalsa, la empresa que tiene el contrato de explotación. El acuerdo le concede los derechos hasta el año 2050; de aquí a entonces la sociedad calcula que recaudará más de 3.000 millones del bolsillo de los usuarios. Compensar esa expectativa de ingresos es la gran piedra en el camino a suprimir el peaje.

Todo sería más fácil si Aucalsa siguiera formando parte de Empresa Nacional de Autopistas S. A. (ENA), una sociedad pública que pasó a manos privadas en mayo de 2003. El camino para ello fue peculiar, con varias fases eliminatorias que acabaron dejando fuera a la mayoría de los interesados. Al final todo se decidió en media hora y ante notario.

La privatización fue una de las que gestionó el Ejecutivo de José María Aznar. Comenzó por acuerdo de Consejo de Ministros en junio de 1996 y con una salvaguarda. Una empresa pública (Seppa) se encargaría de buscar a un asesor financiero, mientras otra (Sepi) buscaría al valorador de las ofertas. Se invitó a ocho consultoras a ejercer de asesor financiero, de las que cinco concursaron, siendo elegida Argentaria (banco hoy diluido en el BBVA).

Desde el punto de vista del interés público, la clave del asunto era conseguir una buena asesoría independiente por un lado, y por el otro atraer al máximo número posible de inversores, darles el tiempo que necesitasen para competir, y lograr que en esa rivalidad fueran elevando su propuesta económica.

El procedimiento tuvo algo de ello, pero también de otros elementos. Se empezó mandando una carta informando del concurso a 52 constructores y entidades financieras, y luego se publicaron anuncios en tres diarios nacionales y otro internacional. Al final fueron 21 los aspirantes que en solitario o con apoyos se mostraron interesados en el negocio concesional.

La documentación presentada expulsó al primer postulante. A partir de ahí se inició un proceso por fases, en los que se iban fijando requisitos que los aspirantes debían cumplir en un número determinado de días si querían seguir en liza.

A la última etapa llegaron solo cinco de los aspirantes. El 14 de mayo se les indicó que doce días después, entre las 17.30 y las 18.00 horas, debían acudir ante un mismo notario e introducir su oferta final en un sobre. La propuesta más alta se llevaba todas las autopistas de ENA, pero antes de entregar la documentación, tendrían que consignar una fianza del 2% del prespuesto. Solo tres de los cinco preseleccionados fueron capaces de cumplir la exigencia. El consorcio liderado por Sacyr se llevó la concesión del Huerna y el resto de la ENA por 1.586 millones.