El Principado trabaja en un plan de choque para desatascar la justicia que se activará en septiembre

En la elaboración del plan se están contemplando diferentes actuaciones, entre ellas el refuerzo de personal en aquellos departamentos donde sea necesario para dar salida a los procesos, teniendo en cuenta además el previsible aumento de procesos relacionados con cuestiones de familia o de conflictos en empresas. Otra de las medidas que están sobre la mesa es la creación de órganos específicos que puedan atender estos asuntos sobre los que se prevé un incremento de casos o la especialización de juzgados.

El plan aún está en fase desarrollo. El Principado y el Ministerio, mantienen conversaciones con los diferentes agentes implicados de cara a diseñar una estrategia que permita recuperar al menos la situación anterior a la pandemia en el plazo más corto de tiempo posible, señaló la viceconsejera.

Otro de los asuntos sobre los que se trabaja en la consejería es la puesta en marcha de juicios telemáticos. Encarnación Vicente señaló que hay que tener en cuenta las limitaciones de la tecnología para dar solución a las necesidades de la justicia. La consejería trabaja en la creación de una herramienta tecnológica que permita poner en marcha este tipo de juicios, aunque la viceconsejera limitó su aplicación a lo que denominó «juicios sencillos». «La semana que viene esperamos trasladar una propuesta al Tribunal Superior de Justicia de Asturias», explicó Encarnación Vicente.

La definitiva implantación del expediente electrónico es otro de los asuntos sobre los que se trabaja en la consejería con la previsión de que «en julio» todos los juzgados asturianos cuenten con esta herramienta. Para el mes de septiembre, está previsto comenzar con la implantación de una herramienta de las mismas características para la Fiscalía.

La consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha señalado este martes en su comparecencia en la Junta que su departamento ha enviado ya un requerimiento a cuatro ayuntamientos asturianos para que procedan a la retirada de simbología franquista de sus calles. El plazo para que los ayuntamientos, en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática del Principado, procedieran a esa retirada expiró el pasado 8 de marzo, pero la suspensión de los plazos administrativos tras decretarse la suspensión del estado de alarma ha retrasado una acción que se llevó a cabo el pasado 3 de junio. Los ayuntamientos implicados tiene ahora un plazo de un mes para iniciar los trámites.

Rita Camblor ha señalado además que aún existen 29 placas con denominaciones que hacen alusión al Ministerio de la Vivienda con simbología franquista en comunidades vecinales. La consejería estudia medidas para proceder a su retirada sin que tenga coste alguno para estas comunidades. Además, la consejera indicó que la Iglesia dispone de 23 símbolos, por lo que se enviará un requerimiento a las autoridades eclesiásticas para su eliminación o para la colocación de placas explicativas que prevé la ley autonómica.