El Principado sumará más de 3.000 empleados fijos a su plantilla en 2021

Los reajustes los anunció ayer el vicepresidente Juan Cofiño, quien impulsa una reforma de la Administración. En la próxima década se jubilará la mitad de la plantilla actual, «una oportunidad de oro» para cambiar la estructura del Principado, reordenando la distribución de los trabajadores, incorporando nuevos perfiles, y vinculando la retribución de los funcionarios al cumplimiento de objetivos. Cofiño dijo buscar, sobre todo «una optimización de los recursos, una Administración donde lo mecánico se externalice y la plantilla de trabajadores se llene de valor y conocimiento».

Para esa tarea pidió «auxilio y ayuda». En contraprestación, ofreció a oposición y representantes laborales «colaboración y diálogo hasta la extenuación». Sobre los sindicatos dijo que «una reforma que se precie, salvo que se quede en la superficie, generará tensiones, puntos de vista controvertidos», pero buscará «el máximo consenso posible».

El eje de la reforma será una nueva ley de Empleo Público que «ha recibido 135 aportaciones de empleados públicos, tres sindicatos, varios colegios profesionales y del cuerpo superior de la Administración». La semana que viene se conformará un 'comité de sabios' que ayudará a preparar el borrador de la ley, «con profesionales de dentro y fuera de la Administración».

El diputado Luis Carlos Fanjul, de Ciudadanos, le recordó que vincular salario a productividad ya era el objetivo de la carrera profesional «que ha sido un fracaso, por igualitarismo o cuestiones sindicales, pero tiene sus riesgos». El vicepresidente coincidió «en todo lo expuesto» por el diputado, sobre todo, «en lo delicado del proceso».

Cofiño reconoció también que el Principado está «hipertrofiado de regulación». Como primera solución antes de abril comprometió un proyecto de ley que agilice los trámites de las actividades económicas.

El vicepresidente hizo estos anuncios en la Junta General, donde compareció para detallar los presupuestos de su consejería. Adscrito al departamento está el Comisionado para el Reto Demográfico, que ocupa Jaime Izquierdo, y que centró la crítica unánime de la oposición. «Podían crearle un programa presupuestario, porque es agradable escucharle, pero estamos para hacer algo más», abundó Pablo González, del PP. «Sigue siendo un cascarón demasiado vacío», dijo Daniel Ripa, de Podemos. «Tiene que pasar del laboratorio de ideas a ser una fábrica de realidades», dijo Ovidio Zapico, de IU.