El Principado solo recupera 478 euros del 'caso Renedo' después de 12 años de pleitos

Con aquella denuncia comenzó el 'caso Renedo', una de las mayores tramas de corrupción destapadas en el Principado. De tirar del hilo se han ido ocupando el Cuerpo Nacional de Policía de Gijón y el de Oviedo, los juzgados de Instrucción número 4 de Gijón y los 2 y 4 de Oviedo, la Audiencia Provincial, el Tribunal Supremo y el de Cuentas. Si cree que esta historia es agua pasada, se equivoca. El sistema logró llevar a la cárcel a siete personas, pero una serie de errores le vuelven incapaz de recuperar el dinero sustraído al Principado.

El Tribunal de Cuentas lleva la delantera. En diciembre de 2017 condenó a Marta Renedo a reintegrar 1,52 millones al erario autonómico. El procedimiento se inició por el empecinamiento del entonces diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes; durante una comisión de investigación parlamentaria detectó expedientes sospechosos y pidió al Principado que los llevara al Tribunal de Cuentas. El jefe del Ejecutivo en aquel momento, Javier Fernández, se negó, aduciendo que lo desaconsejaban los funcionarios. Prendes, abogado de profesión, se plantó ante el Tribunal de Cuentas como denunciante particular y activó un proceso que a la postre supuso la primera condena a Renedo.

¿Para que ha servido cuatro años después? El Tribunal de Cuentas detalla que embargó dos inmuebles a Renedo y «se le retuvo una parte de la nómina» que le pagaba el Principado. Primera paradoja. La jefa de servicio, despedida en 2011 al descubrirse que desviaba fondos públicos, siguió cobrando parte de su sueldo durante al menos siete años más. No pisaba oficina alguna de la Administración ni hacía trabajo para ella, pero mantenía su condición de funcionaria, lo que obligaba a continuar abonándole una retribución básica. Solo la condena que en vía penal puso el Tribunal Supremo en 2019 abrió la puerta a la expulsión de la mujer de la función pública.

Hasta ese momento el único que pudo intervenir ese salario fue el Tribunal de Cuentas, como queda dicho. El departamento informa de que «las últimas actuaciones» emprendidas, «recientemente y a la vista de las alegaciones del fiscal y del letrado del Principado», incluyen «ordenar la transferencia al Principado de la escasa cantidad (478,12 euros) que se consiguió ingresar en la Cuenta de Depósitos proveniente de las retenciones practicas en las nóminas».

A la espera de la subasta de los dos inmuebles en régimen de gananciales, a esa exigua suma llega lo que hasta ahora ha recuperado un Principado que ve cómo la vía penal se ha empantanado.

La Audiencia Provincial dictó la sentencia del sumario principal en 2017 y el Supremo la confirmó con modificaciones en 2019. Sin embargo, todo acabó con un importante agujero negro. Segunda paradoja: se da por probado que hubo un desfalco, pero las pruebas que podían ponerle cifras fueron anuladas. El primer día de juicio el Principado presentó una pericial que hablaba de cuatro millones pagados por un mobiliario escolar que supuestamente no recibió; como la prueba llegaba con la fase de instrucción cerrada, la Audiencia la tuvo que desechar. La fiscalía luego llevó el informe al juzgado y ahí sigue, indagándose en él.

Sin esa pericial el caso «se cerró en falso», reconocen parte de los abogados que intervinieron. Ni la sentencia de 2017 ni la de 2019 cifran lo que se debe devolver al Principado. La cuestión quedó demorada para la fase de ejecución. Van dos años y medio de la misma y la Audiencia sigue sin poner cifra a la indemnización a la Administración. El Principado reclama 4,9 millones, la fiscalía sugiere que 2,7 y los acusados creen que no hay base ni para lo uno ni para lo otro.

El debate se mantiene y, mientras, cinco de los siete condenados a prisión están libres. Tercera paradoja. Hace dos años un pleito paralelo al caso sí logró un éxito. Es el que condenó al Principado a abonar 108.012 euros a una de las empresas de la trama, la extinta Igrafo, por muebles que sí entregó.