El Principado solo podrá ampliar el presupuesto de las obras afectadas por la inflación un 20%

Para evitar una rescisión en cadena de las obras el Gobierno central aprobó el 1 de marzo un sistema de revisión de precios que nació muerto. Se diseñó pensando en la inflación registrada tras el verano pasado, con la recuperación económica y la crisis de suministros, pero la guerra de Ucrania llevó el problema a otra escala. Para adaptarse, el día 29 el Ejecutivo central modificó el mismo sistema. Entre medias el presidente Adrián Barbón y el vicepresidente Juan Cofiño se cuentan entre los que presionaron para ampliar el mecanismo.

Hoy el Consejo de Gobierno del Principado acordará adherirse al mismo y extender ese paraguas tanto a los proyectos que estaban sin contratar, como a los que andan en marcha, sean de la administración autonómica o de los ayuntamientos. El Real Decreto del 29 de marzo «nos permite estar más cómodos», reconoció el miércoles Cofiño. El presidente de los constructores en cambio lo ve como «un pequeño paso, pero tal vez no sea suficiente» para salvar a todo el sector.

«Las obras terminadas antes de marzo de 2022 han sufrido el encarecimiento de los precios pero no pueden acogerse al sistema», lamentan fuentes de CAC-Asprocon. La patronal aspiraba a que se extendiera a todo aquello que estuviera en plazo de garantía. Desde el Principado oponen que las bases del sistema las marcó el Gobierno central y que «dan seguridad jurídica» pero «no elimina el riesgo y ventura».

En el mismo sentido la CAC-Asprocon considera que el margen es limitado al fijar el decreto nacional como principio general que la revisión «no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación» de la obra. La norma mantiene abierta, eso sí, un mecanismo excepcional de la Ley de Contratos que permite llegar hasta el 50% en casos donde se amplía el trabajo inicial. Desde el Principado argumentan que hay terreno para el entendimiento, y apuntan a las opciones que la legislación otorga para cambiar los materiales de una actuación por otros más económicos «siempre que no afecte a la calidad final».

La discusión será obra a obra. La clave para activar la revisión está en un índice de precios que la Administración central elabora para cada trimestre con lo que cuestan los materiales. El último publicado es del tercer trimestre de 2021, está lejos de reflejar las últimas fluctuaciones. Los empresarios solo pueden solicitar la actualización de su presupuesto al concluir el trabajo, con lo que tienen tiempo por delante en el que deberán resistir por sus medios.

Esa falta de información y la inseguridad sobre la evolución de la crisis provocan que la memoria económica con la que el Principado ha preparado su adhesión al sistema sea meramente indicativa.

Aragón, el último gobierno en sumarse al sistema, se ha limitado a señalar que lo que tiene en marcha se le puede encarecer en unos cien millones, sobrecoste que financiará con el dinero que cada año queda sin aprovechar.

La idea del Principado es similar; se rechaza retocar al alza un presupuesto que ya autorizó un techo de gasto histórico. Si el dinero reservado no da para cubrir todos los proyectos comprometidos, se pospondrán parte de ellos al curso que viene.