El Principado da por rota la negociación con la plantilla de la ITV y elevará los servicios mínimos

El tapón empeora cada día. Quien ayer quisiera sacar una cita previa en las estaciones de ITVASA se encontraba sin huecos disponibles hasta 210 días después de promedio. Seis de las estaciones no admiten ya revisiones concertadas hasta septiembre (Tremañes, Pruvia, Siero, Granda, Nalón y Avilés) y una hasta octubre (Mieres).

Después de que en la asamblea de la noche del viernes el 81% de los trabajadores que votaron en urna rechazaran la última propuesta del Principado, el hasta entonces negociador del Gobierno regional, el viceconsejero Isaac Pola, tiró la toalla. Retiró la oferta y declaró que lo que suceda a partir de ahora no es competencia suya: «Corresponde a una instancia superior, que es el propio Gobierno».

Nieves Roqueñí, su superiora, consejera de Transición Ecológica y presidenta de ITVASA, ratificó que «se abre un escenario nuevo, la negociación está rota y vamos a analizar y revisar los servicios mínimos y ver cómo abordamos una situación que está siendo perjudicial para los ciudadanos».

La huelga actual está convocada los lunes, miércoles y viernes, durante el 73,3% de la jornada. Los servicios mínimos aseguran la presencia diara de al menos 71 de los 264 trabajadores, fijando que deberán dar prioridad a la hora de inspeccionar a los vehículos de bomberos, ambulancias y Policía, transporte escolar, de mercancías y obra, los que lleguen con la ITV caducada o los que regresen para demostrar que los defectos graves identificados en la primera visita han sido corregidos.

CC OO recurrió la resolución, aduciendo que la inspección técnica no es un servicio público esencial y las condiciones resultaban abusivas. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazó el 6 de febrero la demanda. Recordó que existe una directiva comunitaria que dispone que «cada Estado miembro garantizará que los vehículos matriculados en su territorio se inspeccionan periódicamente», y que la Guardia Civil tiene encargado verificar que el permiso está en regla o multar en caso contrario. La propia resolución de servicios mínimos recuerda que la falta de inspecciones «llevada al extremo podría conculcar los derechos constitucionales referentes a la integridad física y la libre circulación de personas». En consecuencia, concluye que la ITV «se trata de un servicio esencial». Obligar a que el 26,89% de la plantilla trabaje en los días de paro es una medida «que resulta proporcionada y en ningún modo abusiva», determinó el TSJA.

En base a ese respaldo jurídico recibido hace dos semanas, el Principado aspira a incrementar los servicios mínimos, aduciendo la situación de riesgo vial generada. Los juristas consultados defienden que la consejera puede modificar la resolución inicial en cualquier momento, «siempre que las nuevas condiciones no sean abusivas o impidan el fin legítimo de la huelga».

«Vamos a revisar los acuerdos, los servicios mínimos y tratar de buscar soluciones alternativas que anunciaremos cuando toque», indicó Roqueñí. Sobre qué quiso decir su viceconsejero al apuntar que ahora todo depende de instancias superiores explicó: «Me imagino que hablaría de que su papel ha terminado y toca hablar en otros términos».

Ante las voces que piden un cambio de modelo, permitiendo la entrada de las empresas privadas en la gestión de las inspecciones, Roqueñí razonó que «incluso aunque cambiásemos ahora no arreglaríamos el problema, por tanto ese es un escenario que se abre paso, si es el caso, a medio plazo».

María Calvo, la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), puso voz al clamor de los emprendedores y volvió a tender la mano al Principado «para trabajar juntos en un cambio en la gestión del modelo de Servicio de la ITV por uno que dé respuesta a los problemas actuales de capacidad, eficiencia y eficacia». «La liberalización del sector es un modelo que ya está ampliamente aceptado y reconocido en otras regiones y que en Asturias parece urgente, ante la dilatación de las listas de espera», argumentó. El Gobierno de Asturias tiene a su alcance los recursos para dar respuesta a la situación», recordó.