EDUARDO PANEQUE
OVIEDO.
Miércoles, 23 de marzo 2022, 03:46
El Principado ultima el paquete de medidas que llevará esta tarde a un Consejo de Gobierno extraordinario de cara a hacer frente a la crisis económica agudizada con la invasión de Ucrania. El margen competencial es pequeño y, hoy por hoy, se fía buena ... parte del alivio a los sectores más castigados a lo que apruebe el Consejo de Ministros el viernes, y en cuya decisión intenta influir el Ejecutivo asturiano.
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De lo que se puede hacer aquí, coordinado por el vicepresidente Juan Cofiño, se adelantaron varios puntos durante el pleno celebrado ayer en la Junta. El propio número dos del Ejecutivo hizo referencia a la revisión que está haciendo «contrato a contrato» de los proyectos que figuran en los presupuestos regionales. Cofiño deja claro que «no vamos a revisar todos los proyectos», sino los que están en proceso de contratación de este ejercicio por si hubiera que hacer algún cambio. «Estamos muy preocupados por la situación», dijo. El objetivo es que la subida de las materias primas no paralice las obras. «Vamos a tener cintura». En este punto el Principado intenta hacer lo que puede, explica, dado a las limitaciones que ha resultado la modificación del decreto-ley aprobado por el Gobierno central para permitir una revisión excepcional de los contratos públicos. «No nos ayuda demasiado. No es la solución», señaló el vicepresidente, tras asegurar que se ha hecho una revisión de los contratos beneficiarios de esa revisión de precios extraordinaria. «Y son apenas unos pocos», añadió.
Tras reunirse con los dirigentes de la patronal de la construcción, CAC-Asprocon, el consejero de Medio Rural subrayó que se trabaja para que el alza de precios «no ponga en riesgo los proyectos fundamentales para Asturias».
El coordinador autonómico de Ciudadanos, Nacho Cuesta, señaló ayer que «Ser asturiano no es envolverse en la bandera de Asturias, es tomar medidas que solucionen la crisis energética, la inflación, los problemas de suministros que sufre Asturias y Barbón no lo está haciendo». Lo dijo ante la Junta Directiva regional que se reunió en Gijón y que aprobó un encuentro de afiliados para el 31 de marzo. «Lo que menos necesita esta comunidad son recetas caducadas», añadió.
Donde la letra pequeña aún no se ha aclarado es en lo referente a la ganadería de leche. En respuesta al diputado del PP, Javier Brea, el consejero de Medio Rural le garantizó que «se activarán medidas de crisis» para dar facilidades a los profesionales. «No podemos consentir la venta a pérdidas», señaló Alejandro Calvo.
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De lo que depende de su consejería, parece que parte de las medidas para paliar la crisis vendrán del apoyo a través de la PAC. Por ejemplo, los 32 millones extraordinarios con los que se cuenta para agricultores y ganaderos. Para aliviar a este sector se busca adelantar las ayudas y articular moratorias en los créditos que ya estén concedidos. «Hay máxima urgencia y se verá estos días», subrayó Alejandro Calvo. No será de las medidas que se aprueben hoy, pero el consejero quiere que en abril esté listo el índice de costes objetivos de producción de leche y carne. Se asegura que, de esta forma, se tendrá una referencia para formalizar contratos y que evitará las venta a pérdidas.
Lo que no se va a tocar son los impuestos. Porque no hay margen autonómico y porque, como repitió ayer la consejera de Hacienda, «la crisis es de tal dimensión que difícilmente la solución puede pasar por unas rebajas fiscales de ámbito autonómico. Cualquier medida de este calibre debe adoptarse a nivel nacional y en el marco del acuerdo de la Conferencia de Presidentes». Ya había advertido el presidente Adrián Barbón de que no se puede avanzar hacia una bajada «indiscriminada» de impuestos porque eso pondría en riesgo el estado de bienestar. Estos, añadió, deben enfocarse hacia los más afectados o con sobrerrecaudación.
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Lo que tendrá que decidir hoy el Consejo de Gobierno es si finalmente da luz verde a un fondo extraordinario de emergencia, similar al que ya se aprobó con motivo de los cierres de sectores por la pandemia. Esta es una petición que le han pedido la mayoría de los grupos parlamentarios al Ejecutivo. Se sacó adelante una partida en 2020, y después, se presupuestaron 100 millones -del llamado fondo covid- para el ejercicio de 2021.
Al Gobierno central se le pide también que prorrogue los plazos para reembolsar los créditos ICO.
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