El Principado revisará los catorce vertederos de la región tras el desastre de Zaldívar

El depósito lo explotaba una empresa privada (Verter Recycling) que el pasado año acogió 511.000 toneladas, entre ellas 4.200 de amianto, lo que obligó a detener las labores de rescate. En junio de 2019, los inspectores de la viceconsejería de Medio Ambiente vasca hicieron una visita y comprobaron incumplimientos severos de la autorización ambiental. La empresa se había comprometido a mejorar la estabilidad de los residuos, pero la administración estaba a punto de abrirle expediente sancionador.

¿Cómo es la situación en Asturias? La Consejería de Medio Ambiente tiene autorizados catorce vertederos. Son «objeto de seguimiento ambiental», indica. Los técnicos del departamento, de hecho, tienen «previsto inspeccionarlos todos» en este año.

Antes del siniestro de Zaldívar, en Asturias ya se estaba poniendo la lupa en los residuos industriales y Cogersa. Las memorias del servicio de inspección detallan que en 2016 se hicieron dos revisiones en la materia en instalaciones con autorización ambiental integrada. El año siguiente elevó a catorce esas inspecciones y en 2018, el último con datos publicados, las visitas efectuadas llegaron a diecinueve.

Ese celo en instalaciones industriales se produce mientras se mantiene la batalla con el circuito ilegal, el que más trabajo da. En 2016 y 2017 se hicieron un centenar de inspecciones anuales de vertederos ilegales y más del doble en 2018.

Esos basureros son, sobre todo, de escombros y muebles. Tienen poco que ver con el caso vasco. Salvo cuando contienen elementos tóxicos como el amianto, o si su ubicación puede facilitar un incendio forestal, estos estercoleros no constituyen un delito penal en sí mismo, y suelen ser producto de vecinos que no tienen punto limpio cerca o empresas de reformas que se deshacen del escombro para ahorrar la tasa de su reciclaje.

Las semejanzas con el caso vasco hay que buscarla en los depósitos legales. De los catorce que hay, tres son de Cogersa y uno de ellos se dedica al residuo peligroso, tipología trabajada en Zaldívar. Mismo fin tiene el de Arcelor en la cantera de dolomía (Veriña) y el de Orovalle, en Belmonte de Miranda.

El resto se orientan a inertes (tres) y desperdicios catalogados como no peligrosos (ocho).

Al de residuos peligrosos de Cogersa llegaron el pasado año 22.538 toneladas «de la forma más segura», explica su gerente, Santiago Fernández. De amianto o fibrocemento (asociado en la memoria a la empresa Uralita) suelen gestionar unas 540 toneladas al año. «Aún queda mucho, en polígonos industriales viejos y sin reformar, tendejones para animales y pueblos», dice.

El riesgo es que si el material se rompe, libera polvos tóxicos al aire. Para evitarlo, Cogersa exige su entrega en palés, envueltos ya en plástico para que, «aunque rompa, no suelte lo cancerígeno». Cobra 90 euros por cada tonelada y la aloja en un depósito de impermeabilización reforzada, con personal que usa un traje de seguridad para no contaminarse.

Si el residuo peligroso es ácido, se los neutraliza con cal antes de acabar en el mismo vertedero de seguridad, abierto en el valle de la Lloreda en 1992 y con capacidad al menos hasta 2028.

Esa es la suerte de Cogersa: sus vertederos están en valles, no en una ladera, como el de Zaldívar. Cada capa de desperdicio se reparte con taludes tendidos y retranqueados sobre la fracción anterior, lo que facilita su estabilidad. «Los vascos reciclan más, pero nuestro vertedero es mejor», defiende el gerente de Cogersa. El depósito que se vino abajo en Vizcaya tenía un talud muy vertical al abrirse en una ladera.