El Principado responde al PP: «Es indignante que dude de que han sido incendios provocados»

Es «indignante» que a día de hoy se siga debatiendo si los fuegos han sido intencionados, decía el consejero Alejandro Calvo ayer en Tineo. Un mensaje que dirigía a los populares, un día después de que fuera el propio Adrián Barbón el que hiciera esa misma reflexión. Para el Gobierno asturiano está fuera de toda duda que los incendios que asuelan el Principado desde la semana pasada, con especial virulencia desde el miércoles, han sido provocados. Como ejemplo, Alejandro Calvo citaba lo sucedido el lunes en Ques, en el municipio de Piloña. Allí, remarcó, el foco se produjo «en el medio de una reforestación de gran valor, es decir, que se hizo sólo evidentemente para destruirla y para hacer daño». Así, en la línea que viene defendiendo el Ejecutivo regional -frente, por ejemplo, a lo expresado por el ministro del Interior, que en Navelgas apuntaba más al cambio climático- el consejero de Medio Rural volvía a insistir: «Son actos criminales deliberados» y con acciones organizadas. Barbón volvía a resaltar estas tesis a última hora del día. «Luego dirán que los incendios no son provocados», sostienía mientras contaba que entre Laviana y Aller «vieron prender varios focos». «Nos enfrentamos a terroristas con mechero», añadió.

Desde el Principado se están recopilando todos los expedientes relativos a lo ocurrido para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Entidad esta última que ya inició, de oficio, una investigación sobre esta oleada de incendios y que también ha requerido al Gobierno del Principado información sobre los planes de prevención y limpieza en los montes asturianos.

Calvo hacía estas declaraciones en Tineo, donde participó en una reunión con el responsable forestal de la zona noroccidental, Juan Garrote. Al encuentro también acudió el director general de Infraestructuras Rurales y Montes, Fernando Prendes.

Y una de las cuestiones que se abordaron fue la de las ayudas. Calvo explicó que el Ejecutivo regional va a trabajar para agilizar «al máximo» un fondo que ya estaba previsto en el presupuesto de 2023 para la prevención de incendios, partida que se transfiere directamente como el Fondo de Cooperación Local a los ayuntamientos. «Nuestra idea es poder agilizarlo al máximo para que los ayuntamientos puedan establecer líneas e infraestructuras de prevención», planteó. Además, se articularán líneas de ayuda relativas a la reforestación, de tal forma que empresas y particulares que quieran volver a plantar puedan hacerlo. Todo en paralelo de la petición al Gobierno central de zona catastrófica de los territorios más afectados.

Por otra parte, Asturias Ganadera insiste en pedir que se investigue la posible responsabilidad del presidente Barbón como máximo responsable de los montes asturianos «por su falta de previsión y apoyo a medidas que hubieron dificultado o paliado estos destrozos, tanto en prevención como en extinción». Cita este colectivo como carencias en esa política regional que los desbroces y las quemas han sido insuficientes y que no se ha favorecido el pastoreo de forma adecuada. Lamenta también Asturias Ganadera lo que califican de una «falta total de apoyo a la presencia de ganado menor en el monte», sin olvidar la «sustracción de derechos vecinales y la no devolución de los montes en mano común a sus legítimos propietarios». Este colectivo habla también de escasos medios de extinción, fomento de plantaciones de pinos y eucaliptos, «altamente combustibles y de escaso o nulo valor ecológico».

«¿Va a promover Barbón la plantación de árboles autóctonos propensos a frenar los incendios, como los castaños, hayas y cerezos, y a producir maderas nobles y de alto valor ecológico o va a cambiar la Ley de Montes para fomentar el eucalipto en las alturas?», pregunta al presidente Asturias Ganadera, que lanza otro mensaje bien claro.

«Los incendiarios, sean ganaderos o no, que por imprudencia o mala fe provocaron alguno de estos incendios, deben ser castigados según dicte la Ley», insisten, además de pedir que se investiguen posibles intereses económicos de empresas forestales y madereras, papeleras, de extinción de incendios, eólicas, y «cualquier otra que pueda tener intereses lucrativos en torno al monte».