El Principado refunda Sogepsa para atraer inversiones a los polígonos de la región

Sogesproa es un ente instrumental creado junto a Liberbank y la Cac-Asprocon a finales de 2018. Por entonces Sogepsa era objeto de un expediente de infracción de la Comisión Europea. El motivo es que cuando se fundó, en 1984, se constituyó como una sociedad de capital mixto, en la que el Principado controlaba el 45% de las acciones, los ayuntamientos el 13%, y los constructores asturianos tenían un 42%.

El formato era legal en un momento en el que España no había ingresado en la UE, el derecho a la competencia estaba en mantillas y lo que se aplaudían eran las soluciones público-privadas. Con el paso del tiempo el escenario normativo cambió y, tras la denuncia puesta por unos expropiados, la Comisión Europea concluyó que haber dado entrada directa a los constructores asturianos colisionaba con sus directivas, que lo preceptivo habría sido sacar las acciones a concurso para que pudieran entrar inversores de otros territorios.

Bruselas limitó la capacidad de Sogepsa de asumir encargos y vender sus activos mientras siguiera teniendo como accionistas a los constructores locales. En la pasada legislatura y bajo la batuta del entonces consejero Fernando Lastra, la fórmula para no parar y eludir ese corsé fue crear Sogesproa, ente instrumental al que Sogepsa y Liberbank cedieron activos en suelo residencial e industrial por valor de 191 millones.

En esta legislatura el asunto quedó en manos del vicepresidente Juan Cofiño, quien tras analizar la operación concluyó que salvaba el control de la UE pero limitaba el margen de la Administración. Tras hablar con el resto de socios en junio de 2021 se inició el camino de vuelta. Sogesproa devolvió a Sogepsa el suelo industrial cedido y redujo en un 50% su capital social.

El paso era necesario, pero insuficiente. En plena crisis del ladrillo el Principado había ordenado a Sogepsa que se embarcara en sus operaciones más ambiciosas, la urbanización de los polígonos de Lloreda (Gijón) y Bobes (Siero). Los trabajos se financiaron con créditos bancarios en la esperanza de que la venta de las parcelas permitiría ir devolviendo el dinero. No fue así y el Principado, que era el avalista de los préstamos, tuvo que responder de esas hipotecas.

La Consejería de Hacienda autorizó ir concediendo un préstamo a Sogepsa para que hiciera frente a las letras. La deuda que la sociedad mixta tenía con los bancos pasaba así a tenerla progresivamente con el Principado. A finales de 2021 el balance era de 144,6 millones adeudados a la Administración regional y 7,4 a punto de liquidar a los bancos.

El préstamo público convierte a la Consejería de Hacienda en supervisor esencial de Sogepsa. Los ingresos por la venta de suelo pasan necesariamente a dedicarse a amortizar el crédito con el Principado y los técnicos de la consejería vigilan que las operaciones se cierren recuperando el máximo posible de dinero.

Para sanear el balance y quitar carga financiera, lo que acaba de hacer Sogepsa era entregar a Hacienda la titularidad de su suelo industrial por medio de una dación en pago. Tras las preceptivas tasaciones, la consejería valoró las parcelas en unos 70 millones. En consecuencia la empresa ha logrado reducir a la mitad su deuda.

Un artículo de la Ley del Principado de Presupuestos Generales de 2022 preparó el terreno de la siguiente fase. La norma incluye una frase por la cual la Junta General «autoriza» al Gobierno a «adquirir una posición mayoritaria» en Sogepsa mediante una ampliación de capital.

La operación no entraña inyección de dinero alguno. De lo que se trata es de convertir en acciones la parte de deuda que la sociedad mantiene con el Principado, de forma que la administración regional pasaría a tomar un control casi total de Sogepsa. Los constructores seguirían en el accionariado, pero con una participación residual y sin asiento en el consejo de administración.

A efectos de deuda y control público, Sogepsa sería considerada parte del sector público autonómico. Para una etapa futura quedaría la labor de ir localizando a los actuales dueños de cada acción privada para comprársela por un precio simbólico; la crisis del ladrillo llevó a la quiebra a parte del sector y hoy esos títulos han sido objeto de diversos procesos de liquidación.

El artículo de la Ley de Presupuestos que autoriza la ampliación de capital especifica que antes de suscribir el acuerdo el Consejo de Gobierno remitirá la documentación a la Junta General; si en los dos días siguientes dos grupos parlamentarios lo solicitan se celebraría un pleno para analizar el asunto y decidir si se revoca la autorización otorgada.

De mantener la luz verde, Sogepsa sanearía su balance y pasaría a la tutela de la Consejería de Industria para ponerse a trabar en un plan de empresa.