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Melania Álvarez se reunió con las patronales de geriatría. P. LORENZANA
El Principado rectifica y pagará parte de las PCR de los geriátricos

El Principado rectifica y pagará parte de las PCR de los geriátricos

Las patronales apuntan que «otras regiones no los cobran» y acuerdan flexibilizar el protocolo para que los usuarios puedan salir del centro

CHELO TUYA

GIJÓN.

Miércoles, 26 de agosto 2020, 01:31

Entraron a la reunión con la consejera de Derechos Sociales y Bienestar con la intención de lograr del Gobierno regional la financiación de las pruebas PCR a sus plantillas y salieron con un acuerdo parcial. Las patronales geriátricas asturianas, Ascege, Aarte, Lares y Argas, han conseguido que el Principado rectifique y se comprometa a pagar parte de esas pruebas que les suponen un coste medio de 6.000 euros al mes.

«Aunque el marco legal dice que los titulares de cada centro deben hacerse cargo de ese coste, el Gobierno del Principado ha entendido el esfuerzo que están haciendo, por lo que colaboraremos con las residencias que lo necesiten», anunció la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez.

Esa colaboración se traduce en que será el Servicio de Salud del Principado (Sespa) el que haga esas pruebas, con lo que la factura bajará de los 150 a los 72,80 euros por PCR. Un dinero que deben desembolsar cada vez que un trabajador vuelve de unas vacaciones «y, según la normativa del pasado domingo, también una vez al mes». No obstante, los empresarios esperan que «no tengamos que llegar a pagar nada», ya que «en otras comunidades no se hace» y «esperamos que los fondos extra que llegarán también se destinen a nuestros centros».

Las patronales pusieron sobre la mesa los incrementos económicos que la COVID-19 ha supuesto. «Hemos incrementado un 30% las plantillas, más los costes de las pruebas, de los equipos de protección, mientras que no hemos tenido más ingresos de residentes».

Precisamente, los usuarios fueron protagonistas también de la reunión, ya que las patronales geriátricas han sido muy críticas con el protocolo que obliga a blindar los centros. «Hemos llegado a un acuerdo para aplicar el sentido común. Los residentes viven en su casa y, dentro de lo posible, se permitirán las salidas y no se dificultarán las visitas de los familiares», aseguraron.

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