El Principado recaudará 3.047 millones de euros por impuestos en 2023, un 21% más gracias a la inflación

El efecto de esa inflación se ha notado, obviamente, en un incremento de los precios de todo. Y, consecuentemente, en los impuestos. En los indirectos el efecto es muy inmediato, dado que gravan fundamentalmente el consumo. El IVA es ahí el máximo exponente. Por esta última vía, el Principado prevé ingresar en 2023 nada menos que 950 millones de euros, frente a la previsión de hace un año, que era de 723 millones de euros, 227 millones menos. Y eso, solo el IVA.

Porque la recaudación vía IRPF ya prevé el efecto de la inflación sobre las declaraciones del ejercicio de 2022, y de esta forma pasa de prever para el año en curso una recaudación de 1.093 millones a 1.356 el próximo, es decir, 263 millones de euros más. Eso sí, en este caso cabe puntualizar que el proyecto de presupuestos aclara que «el incremento de los ingresos previstos por este concepto para 2023 no se origina tanto en el buen comportamiento de la recaudación prevista para 2023 como en que en 2022 se llevó a cabo un ajuste por la liquidación negativa de 2020 de más de 180 millones de euros». Restados estos últimos, la subida queda en unos 83 millones, lo que casa de nuevo con el porcentaje estimado de subida del IPC interanual en estos momentos.

El global de sobrerrecaudación prevista, respecto a lo que estimaban los presupuestos de 2022, en los de 2023 es de 538 millones de euros, con los que se alcanzarán los 3.047,7 millones de euros, frente a los 2.509,8 del año pasado. Es un 21,4% más de ingresos vía impuestos directos e indirectos en solo una anualidad, y ello, por dos razones. Una, el antedicho impacto de la inflación, si bien esto no explica en su totalidad ese incremento porcentual. Por otro lado, se suma el mensaje optimista de la consejera de Hacienda, Ána Cárcaba, en la presentación que el jueves hizo del proyecto de ley, cuando indicó que se trata de los presupuestos de «la consolidación de la recuperación» de la actividad económica tras la pandemia.

Y aquí es donde entran en conflicto las diversas concepciones políticas. Si desde las filas socialistas y de IU se habla de presupuestos sociales, centrados en las familias, el estado del bienestar y en la recuperación del dinamismo demográfico y, por ello, se esgrime que es necesario mantener el pulso fiscal para sufragar este tipo de inversión, desde la derecha se lleva meses insistiendo en que la suma de alta inflación y escasa o nula revisión al alza de los salarios han generado una situación, por el momento coyuntural, pero con visos de prolongarse a lo largo de los próximos meses o años, en la que «las familias de rentas medias y bajas tienen graves dificultades para llegar a fin de mes, o directamente no llegan», como expresó por enésima vez el portavoz económico del PP en la Junta General Pablo Álvarez Pire, el mismo jueves.

Los populares, al igual que Ciudadanos, Foro y Vox, llevan meses clamando por retoques, cuando no tijeretazos, a la baja en la fiscalidad que dejen en el bolsillo del ciudadano más dinero, siguiendo la tesis de que a más capital disponible en manos de los ciudadanos, mayor actividad económica y, consecuentemente, más ingresos vía impuestos, pese a bajarlos.

Llegados a enero de 2023, con los presupuestos recién aprobados con el apoyo del grupo proponente (el PSOE), de IU y del diputado del grupo mixto, y posiblemente con el de Podemos (o su abstención), el debate entre los diputados de los partidos de la Junta General volverá a centrarse en buena medida en la fiscalidad, al menos hasta mayo.

Así ha sido durante toda la legislatura ya con el impuesto de Sucesiones, que el Gobierno afirma en el proyecto de presupuestos que «solo afecta al 1% de las herencias entre padres, hijos y cónyuges». Aún así, por esta vía se prevé ingresar 92,5 millones de euros (3,5 menos que la previsión de 2022), a los que habría que sumar los 10 que se prevén por donaciones y la activación, el 1 de enero, del nuevo impuesto por depósito de residuos, vertederos e incineración, que supondrá unos ingresos aproximados de 17 millones de euros para las arcas regionales.