El Principado rebajará las horas lectivas de los profesores el curso 2019-2020

El Ministerio de Educación ha decidido derogar el real decreto. Isabel Celáa informó de que se hará mediante un anteproyecto de ley de devolverá a las comunidades autónomas las competencias que les habían sido retiradas (ratio de alumnos por aula, horas lectivas del personal docente y días de plazo para la sustitución de profesores). La ministra explicó que el anteproyecto «seguirá los cauces de una ley ordinaria, con la consulta en los distintos órganos y la elaboración de las memorias correspondientes», antes del envío al Consejo de Ministros, que tendrá lugar entre los meses de septiembre y octubre.

El Principado está decidido a aplicar los cambios previstos, pero el calendario ministerial hace que sea imposible para el próximo curso. Genaro Alonso indicó que «vamos a adoptar todas las cautelas y toda la prudencia que se requiere. El real decreto sigue vigente. Será derogado próximamente, pero creemos que será con posterioridad al inicio del curso académico 2018-2019. Habrá un marco legal nuevo y un marco económico distinto al de 2012 y nuestra intención es a partir de entonces abrir negociaciones con la mesa sectorial».

Este asunto fue el más debatido en la reunión de ayer en Madrid, hasta el punto de que los representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP optaron por marcharse, ya que consideraban que esta decisión supondría un importante incremento en los gastos para los ejecutivos regionales. El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, apuntó que dichas comunidades autónomas «tienen una concepción equivocada al considerar que estos cambios les van a suponer un mayor gasto». Es más, añadió que «serán las comunidades las que decidan en qué gastarse el dinero que reciben del Estado».

De la misma opinión es Genaro Alonso, quien explicó que, «cuando se impusieron las medidas del real decreto, el ahorro se lo quedaron las comunidades autónomas y el ministerio no nos impone nada, sino que elimina una obligación». El consejero aseguró que cada ejecutivo regional es libre de aplicar las nuevas medidas y «es lo que vamos a intentar en Asturias. Queremos revertir la situación porque nos parece de justicia, ya que el profesorado ha soportado con profesionalidad y mucha diligencia y trabajo los momentos más duros de la crisis».

Sobre la diferencia de pareceres con las regiones gobernadas por el PP, el consejero manifestó que «mayoritariamente nos hemos mostrado de acuerdo con la derogación, incluso las del PP, aunque han hecho sus matizaciones y presentaron sus argumentos, que respeto pero no comparto».

Por otro lado, el sindicato FeSP-UGT mostró ayer su «total desacuerdo y malestar» por la exclusión del funcionariado docente de la ley aprobada el pasado viernes por el Ejecutivo asturiano en materia de función pública como consecuencia de la prórroga presupuestaria. Según el sindicato, «la Administración adoptó el compromiso de que la evaluación de la función docente siguiera un recorrido paralelo, en sus plazos y cuantías económicas, al previsto para la carrera profesional del personal funcionario y laboral de la Administración del Principado de Asturias, hasta el íntegro restablecimiento de la carrera profesional del funcionariado docente».

El sindicato explica que se trata de «una patente discriminación retributiva hacia los docentes», por lo que advierte de que, si no hay una solución, acudirán a los tribunales.