El Principado se queda con el 27,5% del dinero que los concejos pagan como castigo por el vertedero

El ciudadano deja sus residuos en el contenedor y lo que ocurre luego depende de leyes (cada vez más ecológicas), tecnología (cada vez más capaz de reutilizar esas materias), competencias compartidas (entre todas las administraciones) y economía. Las cuentas de la basura están en el disparadero al saberse que 2025 será el año en el que los asturianos paguen su tasa municipal más cara.

Una ley estatal obliga a los ayuntamientos a repercutir al ciudadano el 100% del coste de recogida y tratamiento de la basura. Hasta ahora los alcaldes pasaban un recibo a la baja, prefiriendo financiar parte del servicio con recursos que captan por otras vías. La obligación se está traduciendo en subidas de la tasa del 84% en Carreño, 80% en Oviedo, 60% en Mieres, 31,5% en Siero, 25% en Gijón y 20% en Avilés. Los alcaldes aprueban a regañadientes, dado lo impopular de la medida.

La idea de la ley es que quien contamine más pague más, algo imposible de aplicar. «No hay manera de medirlo, no sé qué ciudadano contamina más», asumió Roberto Fernández, concejal de Aller, en un encuentro de representantes municipales, del Principado y del Ministerio de Transición Ecológica organizado hace tres semanas. En ese debate los ediles coincidieron en que en esta primera etapa se está calculando la tasa dividiendo lo que le cuesta al ayuntamiento la basura entre el número de habitantes. Es decir, paga lo mismo quien recicla y quien no.

Varios intervinientes solicitaron al Principado que ayudara más a los consistorios. Además de la complejidad que le ven llegar a una tasa que premie a quien recicla, subrayaron que recoger la basura es más caro en los concejos con población dispersa. Un técnico de Emulsa reveló que en Gijón la recogida en la zona rural «es un 40% más cara».

En ese pulso por lograr más ayudas, el popular José Luis Fontaniella, alcalde de Cangas del Narcea, puso el foco en el impuesto al vertedero. La misma ley nacional estableció que desde 2023 cada tonelada de basura que acabe directamente al vertedero sin pasar por un proceso de tratamiento lleva una penalización de 40 euros. «Ese dinero que se nos recauda a los ayuntamientos, ¿dónde está yendo?», preguntó. «En gran medida esos fondos han vuelto a los ayuntamientos», respondió el director general de Calidad Ambiental del Principado, Pablo Luis Álvarez Cabrero.

Lo cierto es que el 19 de septiembre de 2022 el Gobierno de emitió un comunicado titulado: «El Principado reintegrará a los ayuntamientos en 2023 el nuevo impuesto al vertedero, estimado en diez millones». Aseguraba que se revertiría a los concejos, pero en el primer ejercicio cerrado, el de 2023, hubo un saldo a favor del erario autonómico.

Los 78 ayuntamientos entregaron a Cogersa 341.619 toneladas que los ciudadanos dejaron en el contenedor que no es para reciclar. Pagaron una tarifa y 13,66 millones en impuesto al vertedero.

Cogersa liquida ese dinero a la Agencia Tributaria. «Mediante un convenio ésta lo traspasa a la Consejería de Hacienda pero es un impuesto no finalista», subrayó en ese encuentro la gerente de Cogersa, Paz Orviz. Durante la elaboración de la ley quienes estaban en áreas de medio ambiente presionaron para que el dinero se usara para financiar políticas de reciclado «pero se perdió la batalla con el Ministerio de Hacienda», lamentó. Habría sido este departamento quien prefirió entregar el dinero a las comunidades autónomas dándoles manos libres para su uso.

Pese a esa ausencia de obligación «el Principado viene dando ayudas a los ayuntamientos, aunque no con todo lo que entra», dijo Orviz. En 2023 la Consejería de Transición Ecológica entregó a los ayuntamientos un total de 9,9 millones para ayudarles con sus residuos. Lo hizo con una subvención de 6,9 millones que repartió entre los 78 ayuntamientos, un millón que dio a los municipios costeros para la limpieza en las playas, y dos más que entregó a Cogersa y Emulsa para financiar los costes de explotación de los puntos limpios, espacios que hasta entonces mantenían en solitario los consistorios.

Al final el impuesto al vertido dejó un beneficio de 3,76 millones para el Principado, el 27,5% de lo extraído a los ayuntamientos. Es algo paradójico de tener en cuenta que si Asturias es la comunidad que más proporción de desperdicios entierra en vertedero es por las políticas diseñadas en los planes autonómicos. Este 2024 se esperaba tirar menos al basurero gracias a la planta de basura bruta que se incendió en abril, de ahí que la consejería redujera a ocho millones las ayudas con recursos propios.

La imagen es incompleta. A través del Plan de Recuperación el ministerio transfirió al Principado 29,2 millones procedentes de la UE. De ese dinero la consejería ha dedicado otros 5,8 millones en ayudas municipales.

En total entre 2023 y 2024 «hemos destinado cerca de 24 millones de euros a los ayuntamientos para la recogida y transporte de residuos, la limpieza de playas o el funcionamiento de los puntos limpios», subraya la consejera Nieves Roqueñí. «La colaboración y el apoyo del Gobierno de Asturias a los municipios, bien directamente o a través de Cogersa, para la recogida y tratamiento de los residuos, es un compromiso incorporado de manera estable en nuestras políticas», sostiene.

En los últimos años se han aprobado un conjunto de leyes y ayudas que buscan una economía menos contaminante y capaz de reutilizar más las materias primas que consume. Ese es uno de los vectores que está estimulando mejoras tecnológicas e inversiones industriales en Asturias. Solo en la última semana han llegado a los boletines oficiales peticiones y permisos para cuatro nuevas actuaciones.

Tudela Veguín sometió a evaluación ambiental su proyecto para «descarbonizar la combustión en el proceso de producción de clínker en Aboño». Su objetivo es «el empleo de una mayor cantidad de combustibles fósiles fabricados a partir de residuos». Concretamente espera elevar de 20.000 a 100.000 toneladas anuales su permiso para quemar el combustible que Cogersa espera volver a fabricar en la 'plantona'.

La instalación que el consorcio confía en tener de nuevo plenamente operativa en 2026 producirá unas 150.000 toneladas de combustible sólido recuperado. Está dispuesta a pagar a quien se lo lleve para su utilización. De lograr los permisos la transformación que planea la cementera de su instalación le permitiría agotar el 66% de la producción.

Proyectos energéticos

Por su parte Edison Next Spain recibió el informe de impacto ambiental positivo para su proyecto para levantar en el polígono de La Curiscada (Tineo) una planta de biometano purificando biogás. En el mismo lugar Energy Green Gas Tineo ha solicitado permiso para ampliar sus instalaciones; trata 26.000 toneladas anuales de residuos orgánicos entre los que dominan los purines y quiere llegar a las 80.300. Parte de esa producción añadida es biogás para suministrar al proyecto de Edison Next Spain.

No solo el sector energético anda buscando un mejor aprovechamiento de las materias primas. En Coaña la empresa gallega Roneca Forestal inició la tramitación para abrir un centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil.

Pretende dedicar a este fin tres naves donde a los coches se les extraería los repuestos que aún puedan ser de utilidad, se descontaminaría el utilitario y el resto se empaquetaría. La inversión es inferior al millón de euros, y se espera que la actividad genere 2,1 toneladas anuales de aceite usado y 240 de chatarra de los vehículos.

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