El Principado propondrá reducir la tarifa de Cogersa mientras no funcione la 'plantona'

Roqueñí explicó que la tarifa a los ayuntamientos aprobada por la Junta de Gobierno de Cogersa para el presente año 2024 de 96 euros se calculó teniendo en cuenta «el coste previsto de explotación de la planta de tratamiento de la fracción resto, así como la gestión externa del combustible sólido recuperado que salía de esta planta», afectada por el incendio que ha dejado inutilizado este servicio y cuyo plazo para su recuperación no se atrevió a aventurar. «Podrá tardar meses», se limitó a decir. Por ello, y hasta que este equipamiento esté plenamente operativo, «considero que lo justo es recuperar la tarifa de 67 euros tonelada, 27 euros por el depósito en vertedero y 40 euros por el impuesto del depósito en vertedero que Cogersa autoliquida a la Agencia Estatal Tributaria». Esto, anotó, supondrá una reducción de costes del 30% en el tratamiento de los residuos municipales mezclados y calculó, a modo de ejemplo, un ahorro de 1,5 millones de euros para los ciudadanos de Gijón.

Durante su comparecencia en la comisión parlamentaria para informar sobre el siniestro acaecido el 24 de abril en las instalaciones de Cogersa, a petición del grupo popular, Roqueñí explicó que el incendio afectó a la zona de descarga de los elementos voluminosos, lo que impide que la planta esté recibiendo nuevos residuos desde aquella fecha, si bien sigue activo el tratamiento sobre la materia orgánica que ya estaba almacenada previamente. Pese a detectarse ya el lugar exacto en el que se generó la llama que ocasionó el incendio y existir una cámara de seguridad que muestra los primeros minutos de la propagación, se sigue investigando para identificar la causa concreta, un asunto que se encuentra bajo investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil para descartar intencionalidad. Eso ha hecho, comentó la consejera, que la instalación hubiera permanecido cerrada hasta el pasado 8 de mayo. Desde entonces se está evaluando el alcance de los daños que, en principio, afectarían a las placas solares que están en la cubierta, a la instalación eléctrica y de control y a las cintas transportadoras con sus motores. Roqueñí asume que ha sido un «serio revés para el consorcio» y espera en unas semanas disponer de un informe más detallado sobre el coste de la reposición que, en todo caso, vaticina que será «relevante, seguramente de varios millones de euros».

En este punto Roqueñí quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los ayuntamientos, «que no serán requeridos para realizar ninguna aportación extraordinaria porque, afortunadamente, Cogersa cuenta con músculo financiero para hacer frente a las obras». No obstante, desde el Principado se entiende que al no estar la obra recepcionada aún por el consorcio, la responsabilidad final deberá dirimirse entre la empresa adjudicataria de la obra, Valtalia, y la empresa Tragsa, que se ocupaba de la explotación transitoria y que por lo tanto era responsable del personal que operaba en la planta en el momento del incidente. Una reflexión que generó un fuerte debate político en la comisión parlamentaria al entender varios grupos políticos que Cogersa también podría tener responsabilidades y vaticinar un «problema jurídico» con consecuencias para los asturianos.

Especialmente críticos al respecto se manifestaron PP, Vox y Foro, que, además, coincidieron en recriminar al Gobierno regional sus «prisas» por inaugurar «a bombo y platillo» una instalación que ahora, como consecuencia del incendio, se descubre que no estaba recepcionada. Desde el PP, el diputado Rafael Alonso también quiso preguntar a la consejera sobre la situación de los 53 trabajadores que Tragsa puso a disposición de Cogersa para esta explotación transitoria de la planta, ahora inoperativa. «De momento se están ocupando de labores de limpieza pero si esto se alarga en el tiempo habrá que regularizar y hacer reducción de la plantilla», respondió. Por otra parte, en respuesta al diputado Gonzalo Centeno, de Vox, la consejera reconoció que «no sería descabellado» que una empresa externa especializada en gestión de residuos se haga finalmente cargo de esta instalación, si bien aclaró que es una cuestión que «no se ha llevado al órgano de gobierno» competente. Unas dudas que para el diputado de Foro, Adrián Pumares, no hacen más que evidenciar que el Gobierno regional sigue sin «tener ni idea» de que hacer con la gestión de estos residuos.

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