El Principado prevé dar solución en pocos años a las 600 personas que aún viven en infraviviendas

En el caso de Raquel Montoya, el asentamiento en el que ha vivido de los tres a los 23 años -El Cascayu, en Oviedo- carecía de alcantarillado, en muchos casos el número de habitaciones era insuficiente para sus habitantes y el bus escolar ni entraba por el rechazo social. «Son tan pocas las expectativas de los demás de que no llegaríamos a nada, que lo crees».

Son dos de los ejemplos que se expusieron ayer en Oviedo sobre una situación «inaceptable» de chabolismo e infravivienda en la que vive parte de la población gitana de la región. Un pequeño porcentaje, eso sí, de las 12.000 personas que hay en el Principado y que residen en 2.700 viviendas de todo tipo. En los últimos años -de 2015 a la actualidad- se han ido dando pasos para su realojo en «una vivienda digna», como manifestó el director general del ramo, Fermín Bravo. En este tiempo se han eliminado seis asentamientos: Piñeres (Candás), El Cascayu (Oviedo), Llanes, Nava, Muros del Nalón y San Esteban de Pravia. Esto ha supuesto sacar de la pobreza severa, por sus condiciones de vida, a 80 familias. Pero aún queda por hacer.

Insitía en ello ayer la Fundación Secretariado Gitano, que dirige a escala estatal, Isidro Rodríguez y, en Asturias, Víctor García. Según las cifras que ofreció García, sigue habiendo 600 personas en la región que viven en alrededor de 250 infraviviendas (chabolas o barrios especiales o de transición, los que se construyeron en los años novena o a comienzos del milenio, pero que «se han cronificado» y que carecen de servicios de limpieza, acceso al sistema educativo, al centro de salud o a comercios.). Citaba así los núcleos de Sierra de Granda (Siero), Guijarro (Llanera), Peñarrubia (Langreo), Santa Marina de Piedramuelle (Oviedo), La Paxarada (Gozón), Pinos Altos y La Plata (Castrillón) y El Pitu (Cudillero). Y algún pequeño reducto en Villaviciosa.

Su homólogo a escala estatal, Isidro Fernández, sostiene que ahora mismo «se dan las condiciones para que en la próxima década acabemos con el chabolismo». Algo que, recordó, es objetivo de la agenda 2030 y reciente «mandato político» del Parlamento europeo. Lo dijo en la inauguración de las jornadas organizadas por la entidad 'Instrumentos políticos y financieros para la erradicación del chabolismo en España'. Y lo mantiene porque, subrayó, hay vías de financiación como «los fondos estructurales, del Fondo Social Europeo, del Plan de Vivienda, del Plan de Recuperación, con una «partida inmensa» para el arreglo y la rehabilitación de vivienda...». Toca «remangarse», dijo. «Hace falta voluntad política» y pidió un plan específico regional de erradicación del chabolismo.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar Social, presente en la inauguración, cogió el guante y señaló: «Voluntad política, toda». Aludió así a la estrategia de atención a la población gitana (que incluye una partida de 130.000 euros en los presupuestos regionales) y a su trabajo conjunto con ministerio y los ayuntamientos de Siero y de Gozón. También, a «planes de inclusión, la consolidación del sistema de derechos, como el complemento vital para la vivienda para preceptores del salario social y al incremento del 20% de la partida para la rehabilitación del parque público de vivienda, con la puesta en servicio de 450 al año».

En opinión de la titular, «claro que podría erradicarse ahora mismo, pero es complejo, pero no hay duda de que lo alcanzaremos». Misma opinión tiene Fermín Bravo que, teniendo en cuenta «en los últimos site años hemos suscrito 3.800 contratos en vivienda pública por 7,5 millones, el porcentaje de chabolismo es ridículo». De ahí que vea «posible» ponerle solución «en varios años» a la ubicación de «cien familias». «Todo chabolista que quiera salir con el apoyo de los servicios sociales municipales va a tener una vivienda pública». Con los mismos requisitos que un inquilino más, dijo Bravo, quien apuntó que «en los poblados especiales, titularidad del Principado, ya hemos dado el mandato de no reparar (para facilitar el realojo). Y si no, que denuncien».